La Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso acaba de denegar una licencia a Explosivos Alaveses (Expal) para vender a Arabia Saudí un pedido de bengalas iluminantes. El contrato está valorado en 3,5 millones de euros y podría aliviar la situación de la fábrica de la compañía en Trubia, donde tiene planteado un ERE. Pese a que se trata de material no letal, el organismo encargado de autorizar las exportaciones de armamento decidió paralizar la operación de Expal, sobre la base de que en estos momentos no es oportuna la venta de munición a Arabia debido a que está en la guerra de Yemen. Sin embargo, en la misma sesión sí se dio licencia para cinco corbetas de guerra que Navantia construye para Arabia en Cádiz. Se trata de un pedido de 1.800 millones de euros defendido con ardor por el alcalde gaditano de Podemos, José María González ("Kichi"), pese a que la postura de su partido nacional era contraria.
Las restricciones a las exportaciones de armamento a países "de riesgo" como Arabia Saudí o Emiratos Árabes es uno de los argumentos esgrimidos por la dirección de Expal para justificar el ERE que conllevaría el despido de los 52 trabajadores de su fábrica de Trubia. La matriz de la compañía -Maxam (la antigua Unión Española de Explosivos)- también ha aludido a ese veto para iniciar otros procedimientos en Maxam Internacional, que afectaría en su totalidad a los empleados de las oficinas centrales de Madrid, y otro en Maxam Holding, en el que se verían implicados más trabajadores de la capital y también empleados de las factorías que tiene en Galdácano (Vizcaya) y Quintanilla Sobresierra (Burgos).
La junta interministerial encargada de valorar las exportaciones de municiones no descarta la operación de Expal. Se limita a dejarla aparcada, de forma que podría ser aprobada más adelante. El problema estriba, según fuentes del sector, en que cuando se levante el veto a Arabia y a Emiratos ambos países podrían haberse buscado ya suministradores alternativos, perdiendo las empresas españolas esos mercados y contratos que ya están cerrados.
El origen del problema está en la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de establecer una moratoria para las exportaciones hasta incrementar la verificación y el control sobre el uso que se da en países "de riesgo" a las ventas españolas de armamento y munición. En concreto, el ejecutivo tenía intención de modificar durante la anterior legislatura el real decreto que regula el comercio exterior en materia de defensa para garantizar que el armamento que se exporta se destina exclusivamente a los fines previstos por parte de los países compradores. Esa reforma no llegó a cerrarse y las licencias para acuerdos de las empresas españolas con países como Arabia Saudí o Emiratos Árabes, considerados "de riesgo", permanecen paralizadas desde hace meses. Y es que la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso está aplicando ya en estos casos las exigencias del reglamento sin que éste haya sido aprobado.
La modificación del real decreto de comercio exterior de Defensa ha quedado en manos del nuevo gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos. La presencia de la formación morada en el ejecutivo podría condicionar los cambios inicialmente previstos.
