Sigue la guerra en el cuartel de Rubín. El equipo de Gobierno es el que está inicando ahora las primeras acciones dirigidas a determinar la cadena de responsabilidades en el pago indebido de horas extras entre los años 2015 y 2019 en el servicio de la centralita de Bomberos y que han ocasionado, según fuentes del área, "un importante quebranto a las arcas municipales".
Según el equipo de Gobierno y el área que preside el concejal José Ramón Prado, los datos de los que disponen apuntan al anterior responsable de la concejalía, el socialista Ricardo Fernández. La teoría de la que parte esta hipótesis es que aunque se sabe que el coste generado por estas horas extraordinarias fue de unos 300.000 euros, falta por cuantificar qué cantidad se pagó indebidamente a funcionarios que ocuparon la centralita y quién sostuvo esa situación.
La iniciativa se toma después de tener conocimiento de la existencia de unas diligencias practicadas por la Fiscalía Superior del Principado de Asturias, a resultas de una denuncia por prevaricación administrativa y malversación de fondos dirigida contra el Ricardo Fernández por parte del Sipla. El sindicato policial apuntaba a que desde finales de 2015 el importe abonado por el Ayuntamiento al personal voluntario en la centralita era muy superior al establecido por una instrucción del entonces concejal de personal, Iván Álvarez, y que correspondería a un Grupo C2. Sin embargo, durante todo este periodo y hasta la fecha en la que se ha reorganizado el servicio, se ha venido abonando conforme a categorías superiores, grupo C1 e incluso en algunos casos, grupo A2.
En la instrucción dictada por el concejal Iván Álvarez el 18 de abril de 2018 se decía que "el Área de Seguridad Ciudadana resolverá sobre la alternativa que estime más operativa para resolver las sustituciones en la centralita?.". Ricardo Fernández, como responsable de dicho área, optó a su criterio, dice el actual gobierno, por la solución que consideró más operativa: pagar horas extras incluso a precio superior al establecido para la categoría de los trabajadores del puesto a cubrir, cuestión que ahora pretende investgiar el nuevo gobierno.
Actualmente, los servicios se abonan conforme a la categoría de las operadoras telefónicas que lo atienden. Si bien la Fiscalía declaró archivado penalmente el caso, al no hallar dolo manifiesto o enriquecimiento en la conducta del concejal, sí dejó abierta la puerta a la depuración de "responsabilidades administrativas a que pudiere haber lugar", disponiendo que el asunto "deberá ventilarse por la vía administrativa, y en su caso, por la vía contencioso-administrativa", a cuyo fin "se comunicará la resolución al Ayuntamiento".
Es en ese escenario donde el actual equipo de Gobierno pretende trabajar, ya que dicen desconocer por qué el tripartito, una vez recibida la resolución de la Fiscalía a través de la abogacía municipal, en febrero de 2019, no inició ningún expediente o investigación para determinar el importe real del perjuicio causado, y quién era el responsable del mismo.
Los primeros pasos del Gobierno local se dirigen ahora a estudiar el expediente administrativo relativo al asunto, recuperando la comunicación de la Fiscalía y el documento de recepción de la misma por el órgano municipal que tuvo conocimiento de que debía promover las acciones judiciales necesarias para recuperar aquellos importes y determinar las responsabilidades inherentes.
