La construcción del instituto de La Florida tardará irremediablemente. Una vez rescindido el contrato con la Unión Temporal de Empresas (UTE) que se encargaba de las obras -y que las paralizó para solicitar un aumento en el presupuesto - la Consejería de Educación tendrá que esperar seis meses a contar desde la referida paralización para abrir una nueva contratación.

Teniendo en cuenta que las obras se detuvieron en diciembre, Educación no podrá reiniciar el proceso hasta el mes de junio. Así se lo comunicaron ayer a las familias afectadas la consejera de Educación, Carmen Suárez, y la directora general de planificación de estructuras educativas, Isabel López Isla, en una reunión forzada por la plataforma que reivindica el instituto. Este colectivo convocó una manifestación por las calles de Oviedo que concluyó frente a la sede de la Consejería, en la Plaza de España.

El portavoz de la plataforma, Diego Santiago, decía al comienzo de la protesta que la Consejería "puede hacer mucho más de lo que está haciendo". Se mostraba convencido de que, "si hay voluntad, aún es posible que el instituto esté listo para el curso 2021-2022", y pedía a la Consejería que ponga "los medios para que esta situación se solucione".

Cerca de un centenar de personas, entre niños y adultos, se manifestaron con consignas como "Instituto ya" o "La UTE y Barbón juegan con nuestra educación". Las familias protagonizaron una ruidosa protesta a la puerta de la Consejería para pedir que las recibieran las autoridades educativas. Finalmente, la directora general López Islas recibió a Diego Santiago y a Saturnino Bueno. La consejera Carmen Suárez no se encontraba en ese momento. Fue blanco de algunas de las consignas de los manifestantes - "Consejera, no te enteras", o "Consejera, sal afuera"-, que pensaban que Suárez estaba en el edificio y no quería salir. Estaban gritando tales proclamas cuando Carmen Suárez los sorprendió llegando al edificio, donde se incorporó a la reunión.

La consejera aseguró a los vecinos que Educación está trabajando ya en la tramitación para agilizarla lo más posible, si bien antes de los seis meses de rigor no se puede reabrir la contratación. Los vecinos insistieron en pedir "que se resuelva lo antes posible", y anunciaron nuevas protestas.