A Pedro le despidieron dos días antes de la entrada en vigor del estado de alarma. El 12 de marzo le entregaron la carta de despido tras más de dos décadas trabajando en una superficie comercial de Oviedo. A sus 50 años, este ovetense, que prefiere usar un nombre ficticio, estaba en shock, sin fuente de ingresos y confinado. Solo tenía un día hábil para iniciar presencialmente el proceso de impugnación de la rescisión de su contrato y hacer papeleos. Además, era viernes. El lunes trató de ir a la sede de la UMAC (Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación), en la calle Santa Susana, pero había cerrado al público ante la pandemia por coronavirus. Si quería impugnar el despido debía hacerlo telemáticamente a través de una aplicación que requiere DNI electrónico o firma digital, pero no tenía ninguna de las dos cosas. Iván de Santiago, abogado y socio del despacho Cadesu, donde llevan este caso, explica que aunque sea un letrado el que elabore y rellene la "papeleta de conciliación", debe ser el propio interesado el que la firme y la entregue. Entonces, agobiado, Pedro decidió enviarla por correo certificado. "La UMAC me la devolvió, supongo que por si estaba contaminada. Me desespero, todas las semanas llamo a mi abogado por si ya puedo impugnar mi despido, pero nada".
Pedro es uno de los afectados por el semiparón temporal de la administración de justicia y órganos afines durante el estado de alarma, que trae como consecuencia la suspensión de los plazos administrativos y de todas las actuaciones judiciales y plazos procesales hasta el 24 de mayo, a excepción de los servicios esenciales o intervenciones urgentes. Una vez que se restaure la normalidad o finalice el estado de alarma, el cómputo de los plazos se reanudará. Hasta entonces, poco se puede hacer. "Este hombre no ha perdido su derecho a la impugnación, pero todavía no ha podido hacer un solo trámite procesal. Sigue con la carta de despido en la mano y tampoco ha cobrado el paro porque hasta la semana pasada no dieron cita previa en la oficina de empleo", explica el letrado De Santiago. Como él hay muchos más. La razón es que en el año 2020 aún son pocas las personas que usan el DNI electrónico o que tienen habilitada una firma digital para resolver trámites y papeleos.
También hay lista de espera en los pleitos y demandas. Juan Carlos (otro ciudadano que prefiere ocultar su nombre hasta que no se resuelva su caso) lleva dos meses esperando para ir a recoger a los Juzgados de Oviedo el expediente que le permita poner una demanda a un Ayuntamiento asturiano por haberle denegado una licencia de obra en un inmueble. "Estoy esperando desde el 5 de marzo a que alguien del Juzgado me pueda dar en mano el expediente para que mi abogado pueda redactar la demanda. Es cierto que allí tienen el sistema de notificaciones telemáticas LexNET para mandar documentación a los procuradores, pero funciona fatal y es imposible usarlo", comenta el afectado, representado por el abogado Miguel Teijelo, del despacho De la Iglesia y Teijelo. Juan Carlos se siente desprotegido por la justicia, sin derecho a tutela judicial efectiva, pero, curiosamente, se muestra empático con la situación de los funcionarios de los Juzgados: "Entiendo al funcionario y al juez porque no tienen medios. También sé que una vez que empiece el pleito puedo ganar o no, pero ahora no me pueden quitar la posibilidad de ganar tiempo. El tiempo es dinero para mí. Estos dos meses, me corran los plazos o no, me están matando en vida. Es una vergüenza".
Los Juzgados asturianos recibieron desde el día 15 de abril (fecha en la que se permitió el envío de asuntos que no fueran actuaciones urgentes) hasta el 22 de abril cerca de 8.000 asuntos en las distintas oficinas de reparto de los decanatos con más volumen de asuntos del Principado. De ellos, 1.207 fueron demandas. El TSJA recibió 169 escritos y la Audiencia Provincial 180, mientras que el partido judicial de Oviedo registró un total de 2.579 escritos. Hasta ahora, y tras acordarse por la sala de gobierno el fin de los turnos rotatorios de jueces, cada magistrado despachaba sus propios asuntos de manera telemática o presencial. Sin embargo, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial ya ha aprobado los criterios generales para reanudar la actividad judicial.
Abogados y procuradores gijoneses urgen retomar la actividad judicial
Los abogados y procuradores gijoneses urgen iniciar ya la actividad en los juzgados para evitar un colapso del sistema que ya ven prácticamente irremediable por la parálisis existente desde que se decretó el estado de alarma el 14 de marzo. "Esto va a ser una bomba nuclear", critica la letrada Sylvia Garrido. Una tónica general por la falta de previsión e información sobre el regreso de la actividad que hasta reconoce el propio decano de los jueces gijoneses. "No hay una idea clara de cómo será la vuelta, solo sabemos que va a haber conflicto; ahora hay una paralización, pero el colapso puede llegar en octubre", advierte el juez decano, Luis Roda.
La realidad por el coronavirus ha cerrado con llave prácticamente los juzgados de Gijón. Juicios suspendidos, pruebas retrasadas y notificaciones "a cuenta gotas" que comenzaron a llegar solo a partir de finales de abril. Muchos profesionales ven posible la reactivación, manteniendo las medidas de seguridad. "Hay espacio para realizar juicios, aunque sean pocos, pero los que hagas ya se van quitando, porque puede ser una locura", advierte la penalista Sylvia Garrido. Desde el Colegio de la Abogacía, por su parte, se muestran expectantes a las novedades. "Es muy difícil saber lo que va a pasar, estamos a la espera de medidas", apunta el decano Benigno Villarejo. "No todo es la celeridad, también importa la salud y estaremos vigilantes para ver cómo se vuelve, sin confluencia en los pasillos y con medidas de seguridad", añade. Todos los abogados rechazan, además, trabajar en agosto.
