La Fiscalía pide 9 años de inhabilitación para Wenceslao López y su equipo por Gascona

Todos los acusados formaron parte de la Junta de Gobierno Local celebrada el 2 de marzo de 2018 en la que se acordó autorizar a los hosteleros de Gascona a ocupar la vía pública para la celebración del "Mercau de la Gascuña" el primer domingo de cada mes. Los acusados concedieron la autorización pese a que era contraria a la Ordenanza Municipal Reguladora de las Ocupaciones de Espacios Públicos y a la Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante, señala el escrito del Fiscal. La decisión se tomó, sigue la acusación "atendiendo a su mera voluntad personal, con pleno conocimiento de actuar al margen de la legalidad y en contra de los informes técnicos que figuraban en el expediente administrativo, todos ellos contrarios a la autorización, sin motivar mínimamente la razón de que les llevaba a concederla y sin otro fundamento que el designio inevitable de los acusados de autorizar a toda costa el evento, comprometiendo con ello seriamente los intereses de terceros".

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación del que responderían todos los acusados en concepto de coautores, y solicita que se les condene a la pena de inhabilitación especial durante 9 años, que implica la pérdida de la condición de alcalde o concejal.

La calificación del Fiscal llega tras una larga batalla judicial que inició la asociación de vecinos de la calle Gascona al entender que el Ayuntamiento autorizaba actividades en la calle que incumplían la norma. Si los primeros procesos judiciales se desarrollaron por la vía contencioso-administrativa con resultados dispares (la demanda referida a la Preba de la Sidra se desestimó, pero no la del mercado), la vía penal fue discurriendo a trancas y barrancas. Por dos veces, la jueza de instrucción del número tres de Oviedo decidió archivar el caso, y por dos veces, instancias jurídicas superiores le mandaron retomarlo. En la primera ocasión llegaron a prestar declaración todos los miembros del anterior equipo de gobierno. La jueza lo archivó de nuevo, al concluir que no había causa penal posible, solo un error en un trámite administrativo, pero no "una conducta prevaricadora penalmente sancionable". La Audiencia concluyó lo contrario, que la ilegalidad era tan flagrante que obligaba a reabrir el caso y explorarlo hasta el final. Tras esa orden, la jueza mandó a Fiscalía que presentara su escrito.

Los vecinos de Gascona, representados por el despacho de De la Iglesia y Teijelo, no entraron a comentar la calificación de Fiscalía pero sí incidieron en que "el resultado es siempre el mismo, que se incumple", en palabras de su presidente, Germán Abad. Consideran que el caso de la Preba era todavía más sangrante y que no entienden que a los jueces les parezca normal "que 4.000 personas se junten durante cinco horas en una calle de poco más de cien metros de largo para beber 3.000 botellas de sidra".

Entre los acusados, mientras el PSOE guardó silencio, Somos recalcó que todavía no han recibido la notificación del juzgado y que mantienen lo dicho con anterioridad: "Que el mercado venía organizándose con total normalidad desde 2012 y que la situación actual forma parte de la estrategia de persecución al anterior gobierno desarrollada por el despacho de abogados del PP, en una utilización partidista de la justicia. Volveremos a dar las explicaciones oportunas en sede judicial y estamos convencidos de que todo quedará convenientemente aclarado".

En parecidos términos se expresó el coordinador de IU en Oviedo, entonces concejal de Interior, Iván Álvarez. "Seguimos confiando en la justicia , este tema lleva dando vueltas mucho tiempo y debe esclarecerse jurídicamente para concluir cuanto antes. No dudamos en un final acorde con los hechos", concluyó.