Los concejales del PP del Ayuntamiento de Oviedo mantienen su rechazo normativo al acuerdo suscrito por el Gobierno central con la Federación de Municipios, FEMP, por el que los ayuntamientos solo podrían ceder sus ahorros al Estado para recibirlos a lo largo de los próximos años junto a una pequeña cantidad de adelanto en 2020 y 2021. "No" en el frente político, donde los populares siguen tratando de tumbar la propuesta, pero a la hora de bajar a las implicaciones que la propuesta tendrá para las arcas municipales la cuestión es otra. El concejal de Economía, Javier Cuesta, admitía ayer que su área está todavía analizando cuál de los escenarios posibles es el más ventajoso para Oviedo para actuar en consecuencia. "Lo que vamos a hacer será lo que resulte más conveniente en términos de facilidad de recursos, y por ahora no descartamos ningún escenario y no vamos a tomar ninguna decisión basándonos en nuestra oposición a la medida".
Con el decreto ya publicado, el área de Economía del Ayuntamiento de Oviedo está analizando todas las posibilidades e incluso en qué medida se pueden combinar, ya que los ayuntamientos son los que pueden decidir voluntariamente si aportan su remanente al Estado y qué cuantía.
La primera opción es sumarse de forma integral a la propuesta, no hacer nada y ceder el total de los sesenta millones del remanente. Eso garantizaría al Ayuntamiento recibir, este año y el próximo, el 35% sobre lo entregado, es decir, 21 millones, 8,4 este año y el resto en 2021. Ese dinero el Ayuntamiento lo podría invertir dentro de los supuestos establecidos en el decreto, teniendo en cuenta los ámbitos de más necesidad para el equipo de gobierno, como podrían ser los más relacionados con las infraestructuras, el saneamiento o la recuperación de cierto tipo de patrimonio municipal. Otros ámbitos, señala el concejal, no cabrían en la agenda porque caen fuera del ámbito competencial municipal.
La prórroga de la disposición adicional 6.ª permite a los ayuntamientos que cumplen con las normas de estabilidad financiera destinar el superávit (el dinero ahorrado el año anterior) en inversiones financieramente sostenibles. Basándose en esta posibilidad, durante la pandemia Oviedo ya incorporó el 20% de su superávit, pero todavía le quedan 14 millones. El decreto permite incorporarlos ahora al presupuesto, con lo que se restarían a los 60 del remanente, y en caso de entregar los ahorros para recibir un 35% de forma inmediata, ya no serían las cifras del primer supuesto, pues se entregarían 45 y se recibirían 9,45 millones. Además, también es posible incorporar algo más de remanente por estabilidad presupuestaria, con lo que el Ayuntamiento podría adelgazar todavía más la parte de los ahorros que entregaría al Estado dentro del plan aprobado ahora.
Nada de remanente. Una tercera posibilidad es que el Ayuntamiento de Oviedo decida no ceder nada de su remanente al Estado y cubrir sus necesidades inversoras, de este año y del próximo, con los dineros incorporados, y renunciar a recibir ese 35% de premio porque la capacidad financiera del Ayuntamiento no lo haría necesario.
Todavía cabe otra vía, que es la de barajar los distintos escenarios y adoptar soluciones mixtas. "Tomaremos la decisión según lo que resulte más ventajoso para Oviedo", insiste el concejal. Javier Cuesta recalca, por otra parte, que ninguna de estas soluciones choca con la oposición del PP a la medida. "Nosotros confiamos que en trámite parlamentario se tumbe, porque es algo que atenta contra el municipalismo y entendemos que el mejor destino que se le puede dar al remanente es dárselo a sus dueños, al Ayuntamiento".
