Los integrantes de la plataforma vecinal “Por un Oviedo saludable” sostienen que los propietarios de la empresa Canteras Mecánicas Cárcaba –situada en el entorno de la parroquia de Priorio– “se han extralimitado del perímetro exterior autorizado para la industria extractiva apropiándose de decenas de miles de toneladas de material en parcelas que presuntamente no son de su titularidad”. Los denunciantes aseguran que la empresa ha extraído al menos 318.000 toneladas de caliza “de forma ilegal” desde el año 2007 y que para poder hacerlo contó con la colaboración de personal del Ayuntamiento de Oviedo y del Principado, que habrían hecho “la vista gorda” ante las presuntas irregularidades.
La querella criminal se presentó en el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo por un presunto delito continuado contra la ordenación territorial, otro contra el medio ambiente, un delito de falsedad en documento, otro de daños y varios de usurpación. Los querellados son la persona que tenía la responsabilidad de la dirección facultativa de la explotación en el momento de los hechos, la cantera como entidad, los Ingenieros de Minas del Principado encargados de supervisar las labores de la empresa desde el 2007, otra ingeniera contratada por Canteras Mecánicas Cárcaba, a la que la plataforma acusa de “falsear un plano”, y “la persona o personas” del Ayuntamiento de Oviedo responsables de vigilar “que las licencias municipales sean respetadas”, en especial “la persona que detenta el cargo de jefe el servicio de Licencias Urbanísticas”.
En junio del 2020, la Fiscalía Superior del Principado de Asturias elevó al juzgado la denuncia de la plataforma vecinal por los presuntos incumplimientos cometidos por los responsables de la explotación. Después de analizar todas la diligencias abiertas –además de la demanda por vía penal existen dos denuncia administrativas interpuestas a través del Ayuntamiento y del Principado–, el ministerio fiscal creyó que existían indicios para considerar que en la cantera de Priorio se cometieron hasta cuatro delitos: usurpación, contra la ordenación del territorio, prevaricación y falsedad documental.
Los integrantes de la plataforma que denunció a la cantera consideran que las pruebas para demostrar que la actividad realizada en la explotación no se ajusta a la ley son irrefutables. Entre otras, aluden a un informe presentado por la propia empresa en el juzgado en el que se reconoce que se explotó mineral “fuera del límite del proyecto”.
