La última promoción de mandos policiales en el Ayuntamiento de Oviedo está pendiente de sentencia. Después de que el juez admitiera la demanda del sindicato CSIF, y a pesar de que no concediera la medida cautelar para paralizar el proceso, los nombramientos de los nuevos jefes están pendientes de un fallo que se retrasa tras la petición de a un juzgado de Badalona de unas grabaciones relativas a la investigación de la supuesta trama de amaño de contratos públicos.
El sindicato CSIF ya denunció, primero ante el propio Ayuntamiento y ante el anuncio de las oposiciones, distintas irregularidades en la composición de los tribunales, y acudió por último a la vía del contencioso ante la falta de respuesta por parte del equipo de gobierno municipal. En primer lugar, denunciaron que la composición vulneraba el Estatuto Básico del Empleado Público que requiere tribunales paritarios, mientras que en este caso eran todo varones y solo entre los jueces de reserva aparecía alguna mujer. También, que no podía haber cargos políticos o asimilados, y ellos entienden que el comisario principal, José Manuel López, sí lo es, en tanto que así lo afirma la sentencia del TSJA que daba la razón al anterior gobierno por haberle retirado de su puesto por pérdida de confianza.
Además, el Ayuntamiento no introdujo en los tribunales a un miembro de la Junta de Personal, elegido a sorteo, como era práctica habitual hasta ahora. Según CSIF, el motivo fue negar la posibilidad de que los sindicatos estuvieran presentes, aunque CSIF insiste en que la Junta de Personal es un órgano colegiado. Tampoco se llamó a la composición del tribunal a la Dirección de la Escuela de Seguridad de la Morgal, como también era costumbre.
A pesar de estos procedimientos, según hace constar CSIF en su denuncia, se incorporó al comisario principal en el tribunal y este habría llamado, a su vez, a personal adscrito en su mayor parte a la asociación de mandos de la policía Ajempol o al sindicato Sipla.
Además, la petición de la medida cautelar para paralizar las pruebas hasta que no se resolviera el juicio fue rechazada por el juez tras un informe del director general de Seguridad, Javier Lozano, que aseguraba que detener el concurso ponía en peligro el funcionamiento de la Policía en Oviedo. CSIF duda de la imparcialidad del informe de Javier Lozano, cuestiona sus conclusiones e insiste en que, de anularse el procedimiento, que ahora está finalizado, las consecuencias serían mucho peores que de haberse esperado a que finalizara este juicio.
El CSIF añade otras dos acusaciones. Una, de tipo político, afea al PP y a Ciudadanos, como socios de gobierno, de “haber mirado hacia otro lado” ante las supuestas irregularidades detectadas en este proceso. La otra, más graves, es la de vincular todo el proceso de promoción de mandos, con algunas de las grabaciones realizadas dentro de la investigación del caso “Enredadera” en la que presuntamente habría conversaciones relativas a irregularidades y manipulaciones de procesos de selección de personal como el celebrado en Oviedo. El juez ha pedido al juzgado de Badalona que le envíe las grabaciones de las escuchas relativas a este asunto y que identifique a las personas que hablarían de estos supuestos amaños.
