Para zanjar toda polémica sobre la gestión del albergue de animales de La Bolgachina, el Ayuntamiento decidió dejar en manos de las protectoras y entidades sin ánimo de lucro el futuro contrato de su gestión de la perrera municipal. Sin embargo, el actual gestor de las instalaciones maniobra para frenar un cambio de manos que se produciría el mes que viene, cuando vence el contrato que tiene con el Consistorio. Los nuevos pliegos, que no permiten la concurrencia de empresas, se hicieron públicos el pasado día 22 de diciembre y ya han recibido un recurso en el que se piden medidas cautelares y la anulación de los pliegos, además de acusar al Ayuntamiento de “rayar la malversación de dinero público”.
El recurso, interpuesto ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) el pasado 13 de enero, lo firma la asociación 3MDOG. La entidad, según el acta fundacional a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, se creó cinco días después de la publicación de los pliegos y, en ella, figura como secretario el administrador de Centro Canino La Ería, empresa que actualmente gestiona el albergue.
El Consistorio trató en un primer momento de rescindir el contrato con la firma, que lleva varias perreras por toda Asturias. Cuando Centro Canino entró en La Bolgachina, arrastraba polémicas con los animalistas debido a una planta de incineración de animales y las opiniones públicas de su administrador sobre la caza del lobo. Desde un primer momento empresa y voluntarios se enfrentaron, lanzándose acusaciones cruzadas que acabaron en los tribunales. El Ayuntamiento se posicionó del lado de los animalistas y anunció que pondría fin al contrato.
Los nuevos pliegos persiguen “el bienestar animal”, defiende el Ayuntamiento. Desde la nueva asociación del gestor de la perrera, en cambio, se les acusa de todo lo contrario. En su escrito acusa al Ayuntamiento de restringir la competencia, pero también de perjudicar los derechos de los animales e, incluso, lanza una acusación suavizada: “los propios Pliegos que rigen la contratación, resultan contrarios a derecho, rallando en la malversación de dinero público”.
La argumentación de los abogados de la asociación entra a valorar los nuevos costes de la perrera. El contrato está valorado en 1,4 millones de euros. Desde 3MDOG aseguran que “el precio de mercado de un microchip suministrado por el Colegio de Veterinarios, es de cinco euros”. En el pliego recurrido el mismo microchip se valora en 25 y lo mismo ocurre con las vacunas que, de 5 euros, pasan a 35. Esto, argumentan, solo beneficiaría a un veterinario externo.
