De ser un motor económico durante más de un siglo a convertirse en un gigante vertedero ilegal. La fábrica de loza de San Claudio, la industria que llegó a contar con 600 trabajadores y generó riqueza en la localidad ovetense desde 1903 hasta su cierre en 2009, presenta a día de hoy un panorama desolador. El enésimo incendio provocado este viernes en el interior del almacén general del complejo de 24.000 metros cuadrados hace resucitar en los vecinos la indignación por la falta de soluciones para unas instalaciones convertidas en refugio de “okupas” y escenario ideal para la práctica del artedel grafiti.
La factoría vive una jornada de puertas abiertas permanente. Tan solo hay que atravesar la pasarela sobre las vías del tren para plantarte en su interior. La portilla lleva años sin cerrarse y nada más atravesarla los montones de residuos empiezan a aflorar a la vista. Una enorme montaña de cartuchos de impresoras industriales queda a mano derecha de camino a la inmensa antigua nave de hornos, luego rebautizada como almacén general del complejo.
Al asomar, una inmensa cubierta de uralita dañada indica el camino hacia los restos del reciente incendio. Las negras cenizas dejadas por el fuego aparecen rodeadas de empinados montones de piezas de loza, algunas de ellas perfectamente embaladas, otras cuidadosamente amontonadas. Es el caso de una docena de platos de dos tipologías distintas repartidos en sendas pilas, listos para llevar a casa.
Saqueos
En los pasillos que conducen a los diferentes inmuebles del complejo hay evidencias de continuos saqueos. Barras de hierro cuelgan de los techos, algunos cables están arrancados e incluso hay boquetes abiertos a mazazos para acceder a los diferentes compartimentos, quizás para buscar cosas de valor. Son estos amigos de lo ajeno los principales sospechosos de tanto destrozo y los frecuentes fuegos. “No hay ningún control, la gente entra como Pedro por su casa y por eso pasan estas cosas”, explica el vecino Luis Miguel Fernández.
Pese a las quejas, la solución se antoja difícil. La fábrica fue sacada a subasta por la Agencia Tributaria, su actual dueña, en 2014 por 1,3 millones de euros, pero el concurso quedó desierto. El mismo organismo llegó a ofrecerla por 250.000 euros un año después a Patrimonio del Estado, y ni con esas. “Es una construcción muy antigua, con mucha uralita cuya descontaminación costosa echa para atrás a cualquier interesado”, lamentan unos vecinos que imploran algún tipo de solución por parte de las administraciones públicas, ante el agravio de tener al lado de sus casas un inmenso vertedero más grande que tres campos de fútbol.
