"Donde antes había aulas ahora hay oficinas". Así lo denuncia Alberto González Camblor, el presidente del la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San Pedro de los Arcos. Las familias reclaman el tercio del edificio de este colegio público, que hace cinco años fue ocupada por la conserjería de Educación para instalar oficinas de atención al alumnado con necesidades educativas especiales del Principado.
No contentos con esta "invasión", que quebranta el real decreto 132/2010, en el que se dictamina que los centros docentes deben situarse en infraestructuras independientes y destinados al uso escolar, se propuso construir un aparcamiento que restase 500 metros cuadrados al patio. Fue en ese momento cuando los padres se negaron y al solicitar el expediente comenzó una odisea de lo que tachan como "silencio administrativo". "Sabíamos que había alguna irregularidad porque nadie nos daba acceso a esos permisos", explica Camblor como portavoz del resto de progenitores.
Aseguran que han llamado a todas las puertas para recuperar la normalidad en su centro educativo, ya que una de las entradas de servicio ha quedado inhabilitada para alumnos y al encontrarse abierta para el acceso a oficinas puede colarse cualquiera. "Hace poco un estudiante tubo un altercado en el parque y al día siguiente entraron a buscarle dos macarras al centro", cuenta el presidente, preocupado por la seguridad de los menores. También les ha costado cumplir los protocolos covid que exigen puertas de acceso separadas.
"Además estamos sin aula de música y hemos tenido que restar espacio a otras clases para poder instalar los despachos que nos quitaron", asegura el portavoz. Ante las quejas, cuenta, el mutismo se hizo evidente por parte de Educación: mientras la exconsejera del área, Carmen Suarez, dijo que solo se había tratado de un cambio de puerta, el director general de planificación Roberto Malagón culpó al centro de "no saber interpretar la ley" y les acabó ofreciendo una plaza en el futuro parking "para que lo dejáramos correr", ilustra Camblor.
Ni siquiera se puede considerar este espacio destinado a oficinas sea independiente, tal como ellos aseguran: "Si rompe una ventana o se estropea un grifo y tienen que acudir a nuestro equipo directivo. Utilizan los conserjes y servicios del colegio para sus cosas y eso lo paga el colegio".
A pesar de contar con el apoyo de los grupos municipales de Somos, IU, PP e incluso haberse puesto en contacto con presidente del Principado Adrián Barbón, no han visto medidas, excepto la paralización del proyecto del parking. "Hemos decidido acudir a la vía jurídica", afirman. Al parecer, es un tema fácilmente denunciable, ya que según les aseguró su abogado, existe jurisprudencia debido a un caso similar en Navarra. Aunque solo lo van a recurrir por vía Contencioso administrativa, ya que el gasto que supone la asesoría legal está dejando a los niños sin dinero para otras actividades.
"Se decidió así de forma unánime, para proteger nuestro centro. Pero el dinero que estamos invirtiendo no deja de ser el que destina el Ampa a los alumnos", dice su presidente.
