Un mero trámite, “más administrativo que político”. Eso era para los miembros del tripartito la aprobación del permiso de ocupación de vía para la celebración del Mercado de Gascona, en 2018. Esto provocó que ninguno de los miembros de la Junta de Gobierno Local que, en una sesión celebrada el 2 de marzo de aquel año, revisase el expediente por el que se concedió el permiso de ocupación de vía. En el informe únicamente se indicaba que la petición estaba “para aprobar”, y eso hicieron.
En la segunda jornada del juicio se juzgan al exalcalde de Oviedo, Wenceslao López, y a otros nueve concejales de aquella corporación por un presunto delito de prevaricación por la gestión de aquel mercado. Ayer declararon Ana Taboada, Mercedes González, Roberto Sánchez Ramos, “Rivi”, e Iván Álvarez.
De las cuatro, la declaración que apuntaba a ser más esclarecedora era la de “Rivi”, que en la época ocupaba la concejalía delegada de Cultura y Festejos. Pero en esencia, los cuatro armaron su defensa sobre los mismos argumentos: los permisos de ocupación de vía eran asuntos menores que se trataban al final de las sesiones y siempre siguiendo la recomendación de los técnicos, y en aquel caso concreto desconocía que hubiese informes en contra de conceder el permiso para celebrar el Mercado de Gascona.
“En cuatro años he firmado aproximadamente 800 actividades, a 200 por año”, relató “Rivi”, que precisó que en aquel caso concreto tuvieron muy poco tiempo para revisar la documentación (“nos convocaron a las 8.03 para una comisión que se celebraba a las 10.00”) y que en cualquier caso tampoco se hubiera detenido en un expediente de ocupación de vía si venía recomendado para su aprobación por los técnicos. “Son cuestiones un poco de trámite. No nos parábamos en los informes de ocupación y, en este caso concreto, no hubo debate alguno”, señalaría posteriormente Iván Álvarez.
“Nunca se aprobó ninguna ocupación de vía sin tener la aprobación de los técnicos”, afirmó “Rivi”, que de hecho señaló que el propio Iván Álvarez preguntaba “sistemáticamente” al secretario municipal si los acuerdos que se aprobaban en la Junta de Gobierno eran conforme a la legalidad.
En este sentido, Ana Taboada apuntó que, en el caso de que hubiese algún tipo de reparo en algún informe, la propuesta “quedaba sobre la mesa” y o bien se debatía para encontrar alguna solución, o bien se rechazaba la propuesta, pero “nunca se iba contra el criterio de los técnicos”, en los que aseguraba “tener confianza”.
