La Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) ha convocado, sin el respaldo del resto de fuerzas sindicales, cuatro días de huelga en la fábrica de Santa Bárbara Sistemas de Trubia –de cuatro horas cada jornada– para exigir a la compañía que dé una solución al personal de las ETT del que tuvo que prescindir después de que se lo exigiera la inspección de trabajo que había descubierto que, en los talleres de soldadura, los trabajadores estaban expuestos a productos cancerígenos. Con la ley en la mano estos operarios no podían ocupar estos puestos por estar contratados a través de una empresa de trabajo temporal. Se da la circunstancia, además, de que fue la propia CSI la que interpuso la denuncia para forzar la inspección que ha desembocado en la salida del personal.

La huelga se desarrollará por horas y tendrá lugar los días 10, 12, 17 y 19 de este mes. Es decir, a lo largo de la semana que viene. En la justificación de los paros que la CSI entregó en la Dirección General de Empleo, el sindicato asegura que se promueven porque “han resultado infructuosas las gestiones realizadas en relación a los despidos de los trabajadores de las ETT”. La empresa ha manifestado en varias ocasiones que está buscando una alternativa para este personal.

Pero la división sindical es palpable. Joaquín García Puga, portavoz de CC OO, asegura tajante que “ya le hemos dicho a la CSI que no los vamos a apoyar porque no nos fiamos de ellos, han llevado todo este asunto a nuestras espaldas y ahora vienen pidiendo apoyo. La denuncia a la inspección de trabajo la hicieron sin consultar al comité de empresa”. El representante de Comisiones asegura que, por las conversaciones que han tenido ya con la empresa, han sacado en claro que no todos los empleados de las ETT volverán a la fábrica, y la mayoría de los que lo hagan no lo harán formando parte de la plantilla de Santa Bárbara.

Por su parte, la portavoz de Somos, Ana Taboada, pidió a la multinacional General Dynamics, propietaria de Santa Bárbara, que solucione la situación de estos trabajadores. “No sé cómo funcionarán en EE UU, pero en España la ley es igual para todos, empresas incluidas”, señaló.