El caso del gobierno de Oviedo y la recaudación municipal es el mejor ejemplo de esa paradoja tan neoliberal que dicta que remar a favor de la mayoría es remar a contracorriente. La recuperación de la gestión del cobro de impuestos no ofrece más que ventajas para el interés general. La primera, sencillamente ajustarse a la legalidad, ya que se trata de una privatización cuestionada por la Sindicatura de Cuentas desde el año 2012; la segunda, el ahorro de casi 5 millones de euros anuales, en un momento en el que cada euro cuenta; la tercera, que el servicio sea prestado por trabajadores y trabajadoras públicas, con todas las garantías de igualdad en el acceso al empleo y confidencialidad en la custodia de datos muy delicados. La cuarta, que Oviedo deje de ser una isla en el conjunto de Asturias, la única Administración que tiene su recaudación en manos privadas.
Todas estas ventajas son invisibles para el PP y Ciudadanos, que prefieren seguir llenando los bolsillos de empresarios privados y defienden a capa y espada el interés de La Auxiliar de Recaudación, aún a riesgo de cargarse las ayudas contra la pobreza y las becas escolares de desayunos y comedor. Mantener el contrato con La Auxiliar de Recaudación, como piden PP y Ciudadanos, obligaría a recortar cuatro millones de euros de gasto social. Cuatro millones de euros de los que más lo necesitan para seguir beneficiando a una empresa privada. Los hay que tienen el cuajo de vaciar la hucha de las pensiones con una mano, y con la otra meter en el bolsillo de las empresas de las autopistas 5.000 millones de euros. Nosotros no, aunque nos pongan querellas y nos amenacen con las penas del infierno.
Pese a quien pese, y al parecer pesa a muchos, esta batalla está ganada, a favor de las personas que más nos necesitan. Porque si hubiéramos cedido a la presión y tirado la toalla, el presupuesto de 2017 tendría un recorte de 9 millones de euros en gasto social, para pagar los intereses de Villa Magdalena. Lo hemos evitado subiendo el IBI a los grandes propietarios y recuperando el servicio de recaudación, dos medidas valientes que han permitido mantener intacto un gasto que es imprescindible para las familias que más han sufrido con la crisis.
No vamos a ceder a la presión. Cuando decidimos entrar en la política española, lo hicimos porque existía un gran vacío en la defensa del interés de la mayoría social. Se gobernaba a costa de muchos y a favor de unos pocos. Hoy, cuando llega la hora de tomar decisiones que benefician al bien público, encontramos las enormes resistencias que esperábamos; los que llevan manejando a su antojo la llave de la caja la sueltan mal, se revuelven y encuentran en su defensa a sus aliados de siempre. Con nosotros que no cuenten. El servicio de recaudación va a ser cien por cien público, prestado por empleados públicos, y nadie va a meter mano en el cajón a costa de recortes que caigan sobre las espaldas de los de siempre.
