Un sierense, José Ramón P. P., se enfrenta a quince años de cárcel por traer a España a dos tailandesas para prostituirlas en Oviedo y Gijón. El acusado, defendido el letrado sierense Juan Luis Berros, se ha sentado esta mañana en el banquillo de la sección segunda de la Audiencia. Su defensa niega los hechos que se le imputan. El juicio ha terminado suspendiéndose, al faltar el agente de la Policía Nacional que dirigió la investigación por los supuestos delitos de trata de personas, contra los derechos de los trabajadores y prostitución coactiva. El investigador está realizando al parecer una operación en Nantes (Francia).
El Fiscal sostiene que el procesado, junto con una mujer actualmente fugada de la Justicia y en situación de rebeldía procesal, al menos desde el año 2006 se dedicó, con la finalidad de explotar y lucrarse del ejercicio de la prostitución ajena, a captar jóvenes, principalmente de nacionalidad tailandesa, en su país de origen, conocedores de su precaria situación económica y problemas familiares, ofreciéndoles un trabajo remunerado y una vida mejor para ellas y su familia. Una vez en España, las jóvenes eran trasladadas a Asturias y alojadas en pisos alquilados, situados en Oviedo y Gijón. También en un club en Oviedo.
Una vez alojadas, se les comunicaba que tenían una deuda contraída con el grupo, generada por los gastos del viaje, y que habían de saldarla ejerciendo la prostitución, para más tarde, y ante su negativa, obligarlas con violencia física y psíquica a ejercer actividades de alterne y prostitución en distintos pisos y en el local de Oviedo.
La captación en el país de origen, Tailandia, era favorecida por el hecho de que la mujer en busca era nacional de ese país, al que viajaba habitualmente y al que remitía importantes cantidades de dinero. El acusado y la mujer formaron pareja al menos desde el mes de mayo de 2006, vivían juntos y gestionaban la actividad delictiva conjuntamente, aprovechándose de las ganancias a través de una cuenta bancaria de ella, a través de la que hacía transferencias internacionales periódicas a Tailandia, al menos desde el año 2010.
Para conseguir sus objetivos, el procesado y su pareja se aprovechaban del desconocimiento del idioma de las chicas, a las cuales se les despojaba de su teléfono móvil. Todas ellas carecían de medios de vida y eran sometidas a un régimen de aislamiento e incomunicación. Así se aseguraban su presencia y la obtención de los ingresos derivados del ejercicio de la prostitución, lo que era facilitado dadas las condiciones en las que se encontraban las chicas, su juventud, dificultades de idioma, sin arraigo familiar, social y económico en este país y la precaria situación económica en su país de origen.
En fecha no determinada pero anterior a junio de 2009, aprovechando la situación de penuria económica en la que una joven vivía en su país y su deseo de venir a Europa, la ayudaron a entrar en España, contrayendo matrimonio con el procesado el 12 de junio de 2009 con el único objetivo de conseguir regularizar su situación administrativa en España e impedir que fuera expulsada. El propósito del procesado y la mujer acusada no era otro que obligarla a ejercer prostitución para ellos y así satisfacer la deuda contraída en el proceso migratorio. De este modo, la joven ejerció la prostitución, obligada por su situación de precariedad y aislamiento que padecía y bajo la dependencia de aquellos, en un domicilio de Oviedo, desde diciembre de 2009 hasta diciembre de 2012. El matrimonio se disolvió por divorcio mediante sentencia de 23 de febrero de 2012.
Asimismo, la sobrina de la acusada vino a España con otra tía suya el 30 de diciembre de 2010 como turista. Fue recogida en el aeropuerto de Madrid Barajas por el procesado, su tía y otro varón, quienes la llevaron en coche a Oviedo. A pesar de que el procesado y su pareja le habían ofrecido venir a España para trabajar como camarera, una vez aquí, le indicaron que, por las gestiones del viaje, había contraído una deuda con ellos de 20.000 euros, que debía pagar ejerciendo la prostitución en los pisos que ellos gestionaban. Trabajó en el piso de Oviedo y en otro de Gijón. La familia de esta joven vivía en su país de origen en condiciones de extrema pobreza. Su hijo menor se quedó allí al cuidado de sus padres, por lo que les debía mandar dinero para cubrir sus necesidades, razón por la que no le quedó otra posibilidad que ejercer la prostitución para el procesado y su pareja, los cuales, conociendo sus circunstancias y aprovechándose de las mismas, le impusieron condiciones absolutamente abusivas: un 20 por ciento de las ganancias hasta el pago total de la deuda, abono de 550 euros mensuales en concepto de alquiler y comida, horario de nueve de la mañana a diez y media de la noche todos los días de la semana, deber de aceptar todo tipo de clientes y servicios y prohibición de salir a la calle fuera del horario de la actividad. Disponía de un teléfono móvil, pero solo para establecer los contactos con los clientes. Asimismo, a fin de que realizara su cometido, era insultada frecuentemente y agredida con patadas y puñetazos por su tía. Esta joven, que padecía epilepsia, se mantuvo en esas condiciones hasta el 8 de diciembre de 2013, que huyó tras ser agredida por negarse a trabajar ese día. La huida fue posible gracias a un amigo, que le facilitó el desplazamiento a la localidad de León, donde formuló denuncia por estos hechos.
Parte del dinero que obtenían el procesado y su pareja por la explotación de la prostitución de las chicas, lo ingresaba la acusada en paradero desconocido en una cuenta a su nombre, constando ingresos en 2010 por importe de 59.382 euros, en 2011 por 47.565 euros y en 2012 por 28.640,54 euros, haciendo un total de 135.590,54 euros.
La pareja huyó a Tailandia en el mes de diciembre de 2015, una vez que el procedimiento se encontraba próximo a la conclusión, país donde permaneció́ el procesado hasta el 17 de diciembre de 2020, que fue detenido en el aeropuerto de Madrid Barajas cuando volvió a España en un vuelo procedente de Qatar.
Aparte de las penas de prisión, la Fiscalía pide una indemnización de 60.000 euros para cada una de las víctimas.
