Oviedo, P. R.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha anulado varios artículos del reglamento de la Universidad de Oviedo sobre presentación y recepción de escritos en bable/asturiano, aprobado por el Consejo de Gobierno de la institución y publicado en el BOPA en junio del pasado año.
La Sala, presidida por Jesús María Chamorro González, estima parcialmente el recurso presentado por el Aconceyamientu de Xuristes pol Asturianu y anula algunos párrafos de cinco de los artículos del citado reglamento por no ser conforme a derecho, al considerar que «no se ajusta a la legalidad y que lesiona los derechos e intereses legítimos de su representado».
El Tribunal Superior considera que las administraciones públicas, entre ellas la Universidad de Oviedo, están obligadas a tramitar con normalidad los escritos que se presentan en lengua asturiana. Y apoya su pronunciamiento en el auto del Tribunal Constitucional del pasado mes de febrero que avalaba el derecho a tramitar escritos en lengua asturiana. En su auto, el Constitucional señalaba que «el precepto legal no atribuye a los ciudadanos el derecho a elegir la lengua de procedimiento, limitándose a imponer a la Administración del Principado la obligación de tramitar los escritos que los ciudadanos le dirijan en bable/asturiano».
«De la obligación de tramitar tales escritos», dictamina ahora el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, «se deriva la validez de éstos a todos los efectos administrativos, y en particular el reconocimiento de su eficacia para paralizar el cómputo de los plazos de caducidad o prescripción de las acciones en vía administrativa».
El Aconceyamientu de Xuristes pol Asturianu es una asociación de juristas que viene manteniendo desde hace unos años una persistente batalla en los órganos judiciales en defensa del asturiano. Al Aconceyamientu pertenece Xurde Blanco, letrado del Servicio Jurídico del Principado, quien propició el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Uso del Bable del magistrado Miguel Ángel Carbajo, al demandar a la Consejería de la Presidencia por vulneración de sus derechos.
