Madrid

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) se defendió ayer de las acusaciones que el informe de la Comisión Nacional de la Competencia vertió contra las entidades de gestión (en las que alude a su «posición monopolítica» y a la necesidad de «evitar abusos») y, a través de un portavoz, señaló que se trata de un informe «sesgado» que pone en «situación muy difícil» a las entidades.

Así se pronunció ayer Pablo Hernández Arroyo, subdirector general de SGAE, poco antes de comparecer en el Congreso ante la subcomisión sobre la reforma de la ley por la que se modifica el texto refundido de la ley de Propiedad Intelectual (LPI).

El portavoz de la entidad de gestión criticó que el informe de la CNC no haya tenido en cuenta «la literatura económica sobre las entidades de gestión colectiva donde se explica la razón de ser de los monopolios en materia de gestión de propiedad intelectual y por qué resulta más barato tanto para los clientes como paras los titulares de derecho», manifestó.

Hernández Arroyo recordó también que la SGAE no aparece citada con ninguna condena ni expediente por la CNC, a pesar de lo cual esta institución «no tiene en cuenta resoluciones que ella misma ha dictado», dijo citando una concreta del año 2005 que señalaba que «el autor individual no tiene capacidad de negociar porque las empresas que utilizan sus obras generalmente están muy concentradas».

Respecto a las acusaciones de falta de transparencia de las entidades, Hernández Arroyo recordó que la SGAE «tiene publicadas sus tarifas en la página web y es posible descargarse los contratos y las licencias».

El subdirector general de SGAE aseguró que existe «un linchamiento» contra esta entidad y negó «las acusaciones de afán recaudatorio». «A este respecto», añadió que «a veces uno llega a pensar que existe un lobby muy interesado en reducir la posibilidad de negociación de la SGAE».

En cualquier caso, Hernández Arroyo manifestó que la entidad tiene que hacer «un esfuerzo pedagógico y no es una singularidad y sí el primer eslabón de una cadena que crea mucho empleo», aunque lamentó que su mensaje se queda «a la mitad» en numerosas ocasiones.

Por su parte, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, dijo que «el derecho de autor es fundamental, que no se debe confundir con situaciones particulares», en relación con la polémica entre las peluquerías y la SGAE por el pago del canon de la música que se escucha en esos establecimientos. Centenares de peluquerías y centros de estética de Barcelona, Sabadell y Lérida han colgado ya un cartel en el que aparece la imagen de una joven con unos discos de vinilo junto al lema: «A partir de ahora cuando vengas a la peluquería... no olvides traerte la música de casa ¡Ah y todo original!».

Por cierto, los presos británicos también se quedan sin música para ahorrar por los derechos de autor.