Si la ley del Aborto se promulgará meramente exornada con la firma del Rey Juan Carlos I, o si dicha rúbrica real es un asunto de conciencia del Monarca, es algo que no nos ha quedado claro después de las confusas declaraciones al respecto del secretario y portavoz del Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino.

En una de las más tensas ruedas de presa que se recuerdan (se puede escuchar en la página de la CEE en internet), Camino fue interrogado por los periodistas acerca de este real asunto; pero esas cuestiones no eran puro capricho, pues la firma del Rey ya venía siendo debatida desde muy atrás, circunstancia que, no obstante, no le sirvió al portavoz para tener estudiada una respuesta que resultase menos desconcertante.

En efecto, el asunto real viene desde muy lejos, desde aquel instante en el que Balduino, rey de los belgas, abdicó temporalmente en 1990 para no firmar la ley de aborto aprobada por el Parlamento. «Me he embarcado solo, con mi conciencia y Dios», escribió aquel día el monarca en su diario. En efecto, el 3 de abril de 1990 el Consejo de Ministros da por hecho que algún tipo de incapacitación (moral, en realidad) actúa en su rey y la ley es promulgada por el Gobierno. Fue restablecido dos días después por el Parlamento, con 245 votos a favor y 93 abstenciones.

Además de las diferencias constitucionales entre un país y otro, este escenario de abdicación y restablecimiento es impensable en España. Pero invocando que el Rey explorase algún procedimiento similar, grupos católicos españoles han reunido hasta esta semana unas 60.000 firmas bajo dicha petición. No obstante, en las últimas horas la iniciativa ha retrocedido en sus pretensiones, tal vez tras la intervención de Martínez Camino, que, aunque contradictoria, dejaba claro que la Iglesia no deseaba abrir una crisis con la monarquía española.

La iniciativa de las 60.000 firmas ha retrocedido incluso con la alegación, también confusa, de que el Rey, como dicta la Constitución española, está eximido de responsabilidades («la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad», artículo 56.3).

Sin embargo, este argumento sobre la responsabilidad del monarca ya había sido estudiado hace años por el obispo de Cuenca, José Guerra Campos (1929-1997), cuando, con motivo de la primera ley española del aborto, había manifestado: «No se puede dar por bueno ningún orden constitucional por el que la suprema magistratura se vea obligada a sancionar leyes absolutamente inmorales. Y esto vale también para la monarquía parlamentaria».

Sean cuales fueren los preámbulos, lo que Martínez Camino acaba de manifestar es que «la situación de su Majestad el Rey en este punto, al tener que sancionar con su firma una ley, es una situación única. No hay ningún otro ciudadano que se encuentre ante esa situación. Y, por lo tanto, no son posibles principios generales para una situación única». Esta fue la primera afirmación del portavoz, pero acto seguido añadió contradictoriamente: «Habrá que atenerse a los principios generales, pero no hay una exhortación ni una declaración de la Conferencia Episcopal a este respecto».

Y al día siguiente, en una entrevista de la COPE, Martínez Camino volvía a matizar que el Rey «seguro que sabrá, como católico, adecuarse en sus actuaciones a la moral católica, que es una para todos los católicos».

Por tanto, ¿está la firma del Rey sujeta a una excepción o a un principio moral único? El portavoz de la CEE y obispo auxiliar de Madrid se ha inclinado finalmente por lo segundo, pero, en tal caso, la iniciativa de las 60.000 firmas tendría sentido.

En este despliegue confuso ha quedado situada la real cuestión, pero no se trata de una confusión particular, sino de amplio alcance. Hace poco más de una semana, y al margen de la cuestión española, el cardenal O'Malley, de Boston, pedía al Papa Benedicto XVI que clarificase la situación de los políticos católicos que intervienen en legislaciones abortistas. O'Malley solicitaba, o un cambio en el derecho canónico acerca de la situación de «pecado público» (en la que incurre un político que aprueba una ley de aborto), o una directriz oficial y clara del Pontífice. El cardenal de Boston, franciscano capuchino, manifestaba que negar la comunión a causa de dicho «pecado público» sólo puede plantearse de modo «universal», es decir, sin que se dé el caso de que un sacerdote o una parroquia admita a la comunión a un político al que en otro templo se la negarían.

Parece que, del Rey abajo, a los pastores les tiembla el pulso al guiar a la grey.