Madrid / Oviedo,
Agencias / Elena FDEZ-PELLO
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos del PP y del Gobierno de Navarra contra diversos preceptos de la nueva ley del aborto. Además, ha dado un plazo de tres días al Gobierno, al Congreso y al Senado para que presenten sus alegaciones contra la suspensión cautelar de la norma, solicitada por el PP. El Ejecutivo y las dos cámaras también disponen de un plazo de quince días para alegar en relación a la admisión a trámite de ambos recursos.
El pleno del Tribunal Constitucional, a propuesta de la Sección Cuarta, tomó ayer la decisión de admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto promovido por más de cincuenta diputados del Grupo parlamentario Popular y, en su representación y defensa, por el ex ministro y presidente del Congreso Federico Trillo, como comisionado. Simultáneamente, el pleno del Constitucional acordó, en este caso a propuesta de la Sección Primera, admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Navarra contra varios artículos y disposiciones de la ley.
El recurso presentado por el PP va dirigido específicamente contra ocho preceptos. Entre esos artículos figura el que liberaliza el aborto hasta la semana catorce de gestación, porque lo considera contrario al derecho a la vida, y el que permite a las adolescentes, a partir de los 16 años, abortar sin permiso de sus padres.
A pesar de los tres días que el Constitucional se ha tomado para «oír las alegaciones del Ejecutivo y las cámaras legislativas, la suspensión cautelar de la ley no es una posibilidad. Eso es lo que sostiene el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Ramón Punset, y cita el artículo 30 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que no deja lugar a dudas. «La admisión a trámite no supone la suspensión de la vigencia de la ley, eso sólo ocurre en el caso de recursos interpuestos por el presidente del Estado contra una ley de una comunidad autónoma», explica.
La suspensión solicitada por el PP es, a su juicio, una estrategia para alargar la polémica y mantener la exposición en los medios de comunicación, y se presenta a sabiendas de que no va a prosperar. «Los abogados manejan toda la artillería posible», comenta.
Ahora, con los recursos contra la ley del Aborto admitidos ya a trámite, sólo queda esperar su resolución, que Punset, catedrático de Constitucional, presume que se demorará dos o tres años, y toma como referencia el recurso contra el matrimonio homosexual, aún en ciernes.
En el caso, altamente improbable en su opinión, de que el Tribunal admitiese el recurso y declarase que la ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo es inconstitucional se declararía su nulidad y sólo entonces dejaría de tener efecto, sin efectos retroactivos. En cualquier caso, manifiesta que «no es esperable ninguna declaración de inconstitucionalidad. Es muy difícil que el Tribunal Constitucional ponga cortapisas al legislador». «Ningún órgano constitucional va a sustituir las decisiones en materia de moral de la mayoría parlamentaria», argumenta.
Ramón Punset intuye que los recursos contra la ley del Aborto van a levantar tanta polvareda como los presentados contra el Estatuto catalán pero no será por cuestiones jurídicas, matiza, sino por dinámicas políticas.
Así pues, la ley entrará en vigor el lunes y, salvo problemas administrativos, las clínicas acreditadas para realizar interrupciones voluntarias del embarazo empezarán a aplicar la nueva normativa ese mismo día. En Asturias aún están pendientes de firmar los convenios con el Servicio de Salud del Principado y de recibir la documentación que han de entregar a las pacientes.
