La Audiencia Provincial de Navarra decretó ayer libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros para los cinco miembros de "la Manada", condenados el pasado abril a nueve años de prisión por un delito de abusos sexuales en grupo a una joven en los Sanfermines de 2016. Una decisión recibida con indignación por los colectivos feministas y que fue respondida ayer mismo con manifestaciones en diversas ciudades, y ante la que se han convocado, para el día de hoy, numerosas protestas por toda España.
La condena por abuso sexual ya motivó manifestaciones multitudinarias por no considerarlo una agresión sexual o violación -cuya pena asciende a 22 o 25 años de prisión-. La decisión de dejar en libertad provisional a los cinco condenados no ha salido adelante por unanimidad, como tampoco ocurrió en el caso de la condena. El presidente del tribunal, José Francisco Cobo Sáenz, fue la voz discordante al defender la prórroga de la prisión provisional hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos presentados por todas las partes y la sentencia sea firme. El juez Ricardo González -que pidió la absolución de los miembros de "la Manada" en el fallo condenatorio- apoyó la libertad provisional y también Raquel Fernandino, aunque ella, en la anterior ocasión, estuvo a favor de la condena a los jóvenes sevillanos.
La decisión del tribunal llegó en el momento en que está a punto de vencer el plazo máximo de dos años estipulado para la prisión provisional. Una vez cumplido este plazo, no existe una obligación legal de ponerlos en libertad pero sí se contempla la revisión del caso para decidir su ampliación o su puesta el libertad provisional.
Los condenados José Ángel Prenda, Ángel Boza y Jesús Escudero, que se encuentran en la cárcel de Pamplona, y Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo, de la prisión de Alcalá Meco, conocieron ayer su puesta en libertad con fianza y una serie de medidas cautelares.
El tribunal les impone la obligación de comparecer los lunes, miércoles y jueves en el Juzgado de guardia más cercano a su domicilio. Además, les prohíbe entrar en la comunidad de Madrid, lugar donde reside la víctima, o comunicarse con ella. También se les retira el pasaporte y no podrán salir del territorio nacional sin una autorización judicial.
La decisión del tribunal se sustenta en que no estiman que exista un riesgo de fuga o reiteración delictiva.
El abogado de cuatro de los cinco miembros de "la Manada", Agustín Martínez Becerra, se mostró satisfecho con la decisión de la Audiencia de Navarra: "Se ha hecho justicia". Ellos, en palabras de su abogado, están "muy contentos con la posibilidad de volver a regularizar sus vidas".
