Los trabajadores de la Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con Discapacidades y Dependencias (Fasad) se rebelan contra el convenio propio que la entidad y los sindicatos están negociando. Según la versión de una decena de empleados, el texto supone un "retroceso" en sus derechos, ya que obligaría a personal socioeducativo a preparar y administrar medicación a los usuarios de los centros de Fasad. Además, también podrían verse obligados a hacer guardias, perderían días de vacaciones e incluso deberían hacerse cargo de servicios de peluquería. A la vista de que "no se nos toma en cuenta a la hora de negociar las condiciones", los trabajadores, enfadados con la gerencia y el sindicato Comisiones Obreras (CC OO) que les representa en la comisión, se plantean realizar movilizaciones e incluso ir a la huelga.

Una decena de miembros del personal de la fundación, que depende del sector público y tiene centros en múltiples puntos del Principado, se dirigieron a LA NUEVA ESPAÑA para denunciar esta situación. De ellos, María López, Noelia Álvarez, Gene Lillo, Belén Infiesta, Luis Arias, Rebeca Caballero y Guillermina dos Santos son personal fijo. Mientras tanto, los restantes, son personal con contrato temporal y prefieren mantenerse en el anonimato ante posibles represalias.

Los hechos se remontan a 2012, cuando Fasad se planteó negociar un convenio de trabajadores propio, que sustituyera al estatal que se viene aplicando hasta la actualidad. El problema surge cuando el texto, que se está negociando actualmente, plantea "una pérdida importante de derechos adquiridos y no se nos toma en cuenta a la hora de redactarlo", lamentan los trabajadores.

Según detallan estos, la primera información que les llegó sobre el nuevo convenio data de principios de 2018. "En ese momento se nos plantea que hagamos propuestas". Sin embargo, pasa el tiempo y no hay reuniones con los empleados. "Han ido negociando el convenio sin consultar con nosotros y haciendo solo dos asambleas. La segunda forzada por nosotros tras recoger firmas".

A través de las actas "ambiguas" que se les va enviando, han podido conocer algunos de los aspectos negativos del nuevo convenio. El principal, que se pretende que el propio personal socioeducativo, sin formación sanitaria, prepare y administre medicación a los usuarios de los centros. "Hablaríamos de un caso de intrusismo profesional. De fondo está eliminar el servicio externo de enfermería que actualmente tienen contratado y que supone un coste importante", subrayan los trabajadores.

Además, insisten en que, de darse esta circunstancia, "no pasaríamos la inspección sanitaria del Principado y, aparte, supondría un riesgo importante para los propios pacientes". En algunos centros "ya hay personal que nos ha dicho que lo vienen haciendo, pero no quieren que se convierta en algo generalizado", denuncian estos trabajadores de Fasad.