El Gobierno va a llevar ante los tribunales la implantación del llamado "pin parental" en los colegios de la comunidad de Murcia. La ministra de Educación, Isabel Celaá, dió ayer 24 horas a los responsables de la región murciana, -con un gobierno PP-Ciudadanos con apoyos parlamentarios de Vox- para "reponer la legalidad" y retirar esta medida, que tiene como objeto permitir a los padres vetar el acceso de sus hijos a actividades extraescolares que puedan atentar contra sus principios o creencias. El "pin parental" es una iniciativa abanderada por Vox que pone su foco en la educación afectivo-sexual.

Celaá calificó ayer de "inaceptable" la respuesta del Gobierno murciano que ha anunciado que no va retirar esa instrucción que ha dado a los centros educativos para que soliciten a los padres ese permiso para que los niños asistan a actividades escolares. Celaá lanzó un ultimátum: "Esa comunidad aún tiene esas 24 horas para poder reponer la legalidad, sino mañana (por hoy) mismo recurrimos" ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. La ministra de Educación asegura que la implantación del "pin parental" "vulnera los derechos de los niños a ser educados" en libertad. Celaá insistió en que no se pide permiso a los padres para "actividades voluntarias, sino actividades complemetarias que son materia curricular obligatoria y evaluable".

Para la responsable de Educación, una decisión así "no se ha visto nunca" porque en 25 años de gobierno de Murcia no se ha declarado "un solo adoctrinamiento".

"¿Por qué inventarse un problema que menoscaba la competencia del centro escolar, de la comunidad educativa y además va contra la libertad de cátedra de los docentes", ha preguntado Celaá. La ministra añadió: "Sería tanto como retirar internet o los móviles; es algo que es verdaderamente incorporar una pretensión política fundamentalista en un sistema educativo que jamás ha tenido ningún problema".

Ayer lunes finalizaba el plazo que el Gobierno de España, compuesto por PSOE y Podemos, le había dado a la Región de Murcia para que retire el 'pin parental', una medida promovida por Vox e implantada a principios de curso en esta comunidad, gobernada por Partido Popular y Ciudadanos. Sin embargo, la Consejería de Educación y Cultura ya ha dicho que no atenderá al requerimiento remitido hace un mes por el Ministerio de Educación y Formación Profesional dirigido por Isabel Celaá.

Celaá ha repetido durante los últimos días que si Murcia no da su brazo a torcer, el Ministerio solicitará en los tribunales la suspensión cautelar del 'pin parental', que permite a los padres vetar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en los centros educativos.

El Ministerio se dio de plazo todo el día de ayer antes de acudir al Tribunal Superior de Justicia de Murcia por la vía-contencioso administrativa. "No se está litigando con Mur cia, el Ministerio tiene la obligación de garantizar el derecho de los menores a la educación", indicaron fuentes del departamento de Celaá, incidiendo en la misma línea del discurso defendido por la Ministra de Educación desde que anunció, el pasado 16 de enero, que llevaría a los tribunales cualquier iniciativa "dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado".

El 'pin parental' es una iniciativa difundida por la organización Hazte Oír para permitir que las familias impidan la asistencia de sus hijos a talleres sobre diversidad afectivo-sexual, y Vox la ha exigido en Murcia, Andalucía y Comunidad de Madrid para apoyar los presupuestos en estas comunidades gobernadas sin mayoría suficiente por PP y Ciudadanos.