La Fiscalía Superior del Principado de Asturias está recogiendo datos y analizando la situación en los geriátricos, tanto públicos como privados, para conocer la existencia no solo de posibles personas enfermas o fallecidas a consecuencia del COVID-19, sino también aquellas circunstancias asistenciales que puedan estar suponiendo un riesgo innecesario para todos los residentes y trabajadores de los establecimientos.
El expediente gubernativo abierto, incoado a instancias de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, responde a la labor de amparo y defensa respecto de las personas ancianas y discapacitadas que desarrolla el Ministerio Fiscal y las facultades que le otorga para ello el Estatuto Orgánico. Asimismo, la Fiscal Superior, Esther Fernández, ha ofrecido al Principado su total colaboración en todo aquello que resulte necesario para garantizar la seguridad y la asistencia sanitaria de este colectivo.
Del resultado de este expediente se dará cuenta a la Fiscalía General del Estado y al Principado.
Para el análisis, las Fiscalías asturianas han solicitado información al Principado, a través de la Dirección General de Gestión de Servicios Sociales, y se ha hecho lo propio, por escrito y vía telefónica, con residencias públicas y privadas de Asturias. Algunas de ellas han remitido directamente la información requerida y el resto lo hará ya a través de la Dirección General de Gestión de Derechos Sociales, que ha centralizado la recepción de toda la documentación desde el día de hoy.
La Fiscal Superior, por su parte, ha ofrecido a esta Dirección General toda la información que se ha podido recopilar hasta este momento y ha reiterado su ofrecimiento para garantizar la seguridad y protección de todas las personas vinculadas a estos centros y paliar las deficiencias que se hayan detectado. La información recibida se irá actualizando periódicamente.
