El Gobierno de Pedro Sánchez decretó ayer a mediodía el estado de alarma en Madrid. Esa medida extraordinaria estará en vigor durante, al menos, los próximos 15 días. El jefe del Ejecutivo tomó esa decisión por iniciativa propia y en contra de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso (PP), que se resistió hasta el último minuto, pese a que sabía que, si no accedía, el Ejecutivo de coalición activaría la alarma.

En palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, Ayuso "decidió no hacer nada" para frenar la curva de contagios del virus y agotó al Ejecutivo. "La paciencia tiene un límite", lanzó en la rueda de prensa en la que dio cuenta de los detalles del decreto. El Ejecutivo central cree que será suficiente con que la alarma esté vigente dos semanas. El real decreto con las medidas se publicó en un número extraordinario del Boletín Oficial del Estado (BOE) a las 16.48 horas. La entrada en vigor se produjo en ese instante. El objetivo era evitar la salida de decenas de madrileños con motivo del Puente del Pilar.

El líder del PP, Pablo Casado, fue el encargado de responder a la Moncloa ante una decisión que calificó de "partidista". Pese a no estar de acuerdo, el dirigente conservador aseguró que tanto su partido como Díaz Ayuso colaborarán con el Ejecutivo central para aplicar la alarma con "lealtad", aunque cada día pedirán que la levanten. En este choque institucional, Casado ha actuado de escudo de Ayuso, a la que los socialistas atacan, afirma, porque quieren dañar su liderazgo como presidente del partido.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también arremetió contra el estado de alarma. "Es un 155 sanitario", sentenció. El dirigente conservador lamentó que haya "triunfado la imposición" de Pedro Sánchez y la "falta de diálogo. "Creo que es un día triste, porque se ha pervertido la utilización de un mecanismo constitucional (...) para burlar un pronunciamiento jurídico que dejaba las vergüenzas del Gobierno al descubierto", criticó Martínez-Almeida.

Este segundo despliegue del instrumento constitucional no tiene nada que ver con el primero, el del 14 de marzo, el de la primera oleada del coronavirus, pues no supone un confinamiento domiciliario: está concebido para dar otro paraguas legal más firme a las medidas que estuvieron en vigor una semana y que implicaban la limitación de la movilidad en la capital de España y en otros nueve municipios de la región. Lo que hace el Ejecutivo es cambiar de paraguas legal tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anuló, este jueves, la orden de la Comunidad de Madrid que trasponía el acuerdo mayoritario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) adoptado el 30 de septiembre.

Illa denunció ayer que lo de Madrid no son solo "brotes", sino que hay "transmisión generalizada" y ve "indiscutible" que hay que proteger la salud de los madrileños. El Gobierno actuó después de que la presidenta dijese por la mañana que no se movía de su posición y que solo confinaría zonas básicas de salud.

La jornada fue intensa y algo caótica desde las ocho de la mañana. El Gobierno autonómico no aclaraba qué iba a hacer. Desde la Moncloa revelaron que Sánchez le había propuesto a Ayuso atrasar el Consejo de Ministros de las 8.30 a las 12.00. Pero ella, en ese margen de tiempo, no le telefoneó. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, incluso se puso en contacto a mediodía con el vicepresidente regional, Ignacio Aguado (Cs), para comunicarle que acababa de empezar la reunión del Consejo de Ministros, presidida por ella misma, y trasladarle que Ayuso no había hablado aún con Sánchez, que desde primera hora estaba en Barcelona, por su viaje institucional con el Rey.

Fue justo después, con el Consejo ya en marcha, cuando se produjo la llamada de la dirigente del PP al líder socialista. Ella le pidió "más tiempo", según indicaron fuentes de la Moncloa. Pero Sánchez subrayó que ya era tarde y que la prioridad es "proteger la salud pública". Entonces, el presidente le comunicó que no había más margen y que el Consejo decretaría la alarma, como así ocurrió, aunque ambos acordaron que en los próximos 15 días seguirán hablando de distintos escenarios. Pero la versión del Gobierno de Ayuso era otra: que Sánchez se "negó a negociar la orden de la Comunidad de Madrid", que insistía en el confinamiento de zonas básicas de salud, una medida que a la Moncloa y a Sanidad siempre le pareció insuficiente y confusa. El vicepresidente del Ejecutivo regional, Ignacio Aguado (Cs), intentó, sin éxito, mediar y admitió en Twitter: "Los políticos hemos vuelto a fracasar".

En la conversación telefónica, el presidente pidió a la dirigente conservadora que apoyara la declaración del estado de alarma. "La respuesta de Díaz Ayuso ha sido 'no'", puntualizaron desde la Moncloa. El Consejo siguió su curso y acabó cerca de las dos de la tarde.

Durante la rueda de prensa, Illa se preocupó en hacer un relato de lo ocurrido, para justificar por qué se había llegado hasta este punto del choque. Desde que Aguado lanzó la voz de alarma -no era casual ese recordatorio, porque el dirigente de Cs sí ha confrontado más con el criterio de su jefa, sin romper con ella-, hasta la reunión de Sánchez y Ayuso en Sol, hasta la adopción de medidas drásticas después de que el Ejecutivo regional se negara a asumir las "recomendaciones" de Sanidad.

"El Gobierno ha querido llegar a un acuerdo", insistió el ministro, cargando la responsabilidad del choque a la presidenta. Y esta, tras el último apremio de Sánchez y su conversación de este viernes, "ha decidido no hacer nada". Illa dio algunos datos para ilustrar la emergencia sanitaria en la región con peores registros de covid de toda Europa: en la última semana han fallecido 63 personas, hay 3.361 hospitalizados, 498 ingresados en las ucis. "Podemos cruzarnos de brazos o podemos frenar al virus. La obligación de este Gobierno, y de cualquier Gobierno con alma, es frenar al virus, doblegando la curva de contagios, y protegiendo a los madrileños y al resto de españoles, aunque suponga algunos sacrificios".

El titular de Sanidad, habitualmente prudente en sus declaraciones públicas, disparó misiles contra Ayuso para argumentar una intervención que se podía vislumbrar desde hace meses, dado el grado de choque entre las dos administraciones. Así, recordó cómo, en la Comunidad, no hay brotes de coronavirus, sino una "transmisión comunitaria", cómo la atención sanitaria "corre el riesgo de verse desbordada", cómo la epidemia está fuera de control "y aún no estamos en invierno", cómo en otras ciudades europeas, como Berlín, París o Londres se han adoptado medidas de contención con índices de contagio mucho menores. "En política, el 99% de los temas son discutibles, pero siempre hay un 1% que no es discutible, y proteger la salud de los madrileños es realmente indiscutible, y que hay transmisión comunitaria en Madrid también lo es", aseguró el ministro de Sanidad.

Illa recordó que la autonomía acumula 258.767 contagiados con confirmación de prueba PCR, y el 70% de los casos se han detectado desde el 1 de julio. En estos mismos meses, han fallecido 1.209 personas, y en los hospitales la situación es "difícil" para los pacientes y para los sanitarios (1.458 infectados desde mayo). "La paciencia tiene un límite. No hay más ciego que el que no quiere ver. Hay que tomar medidas para proteger la salud de los madrileños y evitar que esta situación se propague a otras comunidades autónomas". Esa pretensión es la que "mueve" al Gobierno, insistió, intentando hacer ver que no hay una disputa política detrás, como sostiene Ayuso. "Es indiscutible que no podíamos no actuar", reforzó.

El ministro apuntó que le habría gustado llegar a un "acuerdo" con Madrid, pero no fue posible. Y no hay otra. No hay más salida que el confinamiento, siguiendo, dijo, la evidencia científica. Se probó en la primera ola "y ha funcionado".

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha dado por seguro que su partido y el Gobierno de Madrid colaborarán para aplicar el estado de alarma. "Nosotros siempre cumplimos la ley", ha respondido cuando la prensa le ha preguntado si su formación y el Ejecutivo regional cooperarán para que se cumplan las limitaciones incluidas en el decreto aprobado este mediodía en el Consejo de Ministros.