La futura ley de educación que se está cocinando en el Congreso eliminará la referencia expresa a que el castellano sea la lengua vehicular en la enseñanza, fruto de un acuerdo entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC que busca blindar la inmersión lingüística en Cataluña, un método que evita la segregación social y que los partidos de la derecha siempre han intentado torpedear, incluso con ingeniería legislativa. Fuentes republicanas explican que han pactado una enmienda con los partidos que sostienen el Gobierno para cambiar el redactado de la norma, que, una vez entre en vigor, obligará a los alumnos y las alumnas a conocer perfectamente tanto el catalán como el castellano, algo que ya sucede en la actualidad.

Una vez que la ley entre en vigor, los estudiantes de Cataluña deberán terminar la enseñanza secundaria obligatoria con la competencia linguística requerida tanto en catalán como en castellano. Si algún alumno o alumna tiene carencias en alguno de los dos idiomas, los centros educativos impulsarán medidas para compensar esas lagunas. El objetivo es el pleno dominio bilingüe. Es decir, la inmersión sigue vigente, pero será flexible y compensada.

El acuerdo político supone un nuevo gesto de acercamiento de socialistas y podemistas con ERC en vísperas de la primera votación de los Presupuestos del 2021. Los republicanos aún no han confirmado si presentarán una enmienda a la totalidad a esas cuentas, algo para lo que tienen de plazo hasta el próximo viernes. Será el día antes, el jueves, cuando la iniciativa sobre la inmersión lingüística se vote en la ponencia del Congreso que está analizando las enmiendas a la ley educativa, que será la octava norma del ramo desde los años 70.

Ahora mismo, tal y como está redactado el proyecto de ley, las administraciones educativas tienen que garantizar “el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios”. “El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable”, destaca. Una vez eliminada la mención expresa al castellano, se blinda tanto la inmersión lingüística catalana como la ley catalana, que establece que en Cataluña la lengua vehicular para el aprendizaje es el catalán.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, afirmó que “más allá del ruido hay política”, en referencia al debate sobre esta enmienda.

Por su lado, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado desconocer la citada enmienda pero ha añadido que “habrá que estudiarla”. “Nosotros a diferencia de los partidos de la derecha no estamos en contra de la inmersión, porque pensamos que beneficia a las filas trabajadoras”, argumentó.

Por su parte, el líder de Cs en el Parlament catalán, Carlos Carrizosa, mostró su total oposición a esta enmienda porque, en su opinión, “supone la expulsión del castellano” de las aulas catalanas. Ciudadanos es otra de las fuerzas cuyos votos busca el Gobierno para sacar adelante los Presupuestos.

Desde el Gobierno, la portavoz, María Jesús Montero, respaldó el diálogo entre los partidos para llegar a acuerdos y que la LOMLOE reconozca la pluralidad lingüística.

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En la actual ley educativa –la LOMCE, más conocida como “ley Wert” por el apellido del entonces ministro de Educación del PP que emprendió una guerra al catalán- se establece que “el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos y normativa aplicable”. La LOMCE incluyó muchos artículos, que luego fueron anulados por el Tribunal Constitucional, como el que instaba a la administración educativa a “garantizar una oferta docente sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular en una proporción razonable”. También anuló el Constitucional el artículo por el que las comunidades pagarían el centro concertado o privado a aquellas familias que no pudieran escolarizar sus hijos en un colegio público con el castellano como lengua vehicular. El llamado “cheque Wert” fue solicitado por 154 familias, que representan al 0,04% del alumnado. Una sentencia judicial obligó a los centros a dar un 25% de horas en castellano a las familias que así lo requirieran. En el último curso escolar, 12 familias lo solicitaron (lo que representa un 0,35% de los centros).