La Plataforma Feminista de Asturias –que agrupa a cerca de 40 colectivos de todo el Principado– ha alertado sobre el “retroceso” que supone la intención de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad que “pretende modificar” el RD 831/2010 de garantía de la calidad asistencial de la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). En un comunicado conjunto hecho público ayer, las asociaciones advierten de que con tal medida “se está propiciando el aborto farmacológico hasta la semana 9 de gestación como única posibilidad, dejando a la mujer sin libertad de elección”. 

En España, los estudios recogen que siete de cada diez abortos voluntarios se realizan antes de las ocho semanas. El objetivo del Ministerio es priorizar que esas interrupciones se hagan con pastillas y dentro de la red sanitaria pública hasta la novena semana, que es hasta cuando está recomendado el aborto farmacológico. Algo que no ha sentado muy bien entre los colectivos feministas ni en algunos sectores de la izquierda. Hasta la Ministra de Igualdad, Irene Montero (Unidas Podemos), ha lanzado un aviso de que “el aborto farmacológico nunca debe ser la única opción, ni siquiera la prioritaria”. 

Para el feminismo asturiano, la modificación de la norma sería un retroceso en “el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en España”. Y advierten de que se vulneran dos leyes: la que marca las garantías de la prestación con los requisitos de calidad necesarios y la de autonomía del paciente sobre el derecho a decidir libremente. Reclaman que se mantengan los distintos métodos a disposición de la mujer: “En la actualidad contamos con una prestación sanitaria de aborto que cumple con esos criterios de calidad y que además es gratuita para la mujer en todas las técnicas”.