El Juzgado de lo Penal 2 de Oviedo ha condenado a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al exalcalde de Ribera de Arriba, José Ramón García Saiz, por un delito de prevaricación por adjudicar directamente varios contratos menores en 2011 por un importe de 45.987 euros.

La sentencia declara probado que García Saiz, que estuvo al frente de la alcaldía desde el 30 de junio de 1987 hasta el 15 de junio de 2019, adjudicó varios contratos menores pese a los reparos de Intervención, prescindiendo de los principios de libre concurrencia, igualdad y transparencia.

La jueza sigue el criterio de la Fiscalía que sostenía que García Saiz no tuvo en cuenta las advertencias del servicio de Intervención de que era necesario llevar a cabo un procedimiento de contratación en atención a su cuantía superior a 18.000 euros.

Además, según consta en la sentencia, el entonces alcalde procedió a fraccionar los contratos para eludir los requisitos relativos al procedimiento de adjudicación y adjudicando en todas las ocasiones las obras a la misma empresa.

En 2008, los contratos adjudicados “a dedo” se referían a trabajos de desbroce de carreteras y caminos, limpieza de cunetas y contra incendios por un importe total de 67.118 euros y, pese a ello, el alcalde decidió, según la Fiscalía, levantar el reparo y autorizar su abono.

Un año después, el ayuntamiento abonó trabajos de repoblación, tratamiento silvícola y cercado, por importe de 35.294 euros más 5.647 euros de IVA y García Saiz levantó nuevamente el reparo de Intervención, según la versión fiscal.

Sin embargo, la jueza considera que esos contratos ya prescribieron y solamente declara probado el delito de prevaricación referido a tres facturas por trabajos de desbroce y limpieza de cunetas, por un coste total de 45.987 euros, a las que el entonces alcalde dio el visto bueno en 2011 y fueron abonadas por el ayuntamiento a la misma mercantil sin pasar previamente por concurso alguno.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer un recurso de apelación a la Audiencia Provincial de Oviedo.