El Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) afronta un proceso decisivo: la actualización de la ley que rige su funcionamiento, que tras 33 años en vigor se ha quedado “obsoleta”. En pleno proceso de tramitación, el Principado de Asturias ha lanzado una consulta pública previa para que la ciudadanía pueda aportar ideas cara a la redacción definitiva de la norma. Desde el RIDEA, en todo caso, se tienen claras las prioridades: actualizar la norma para adecuarla a los usos actuales de la administración, suprimir el límite de edad que fija en 75 años el máximo que puede tener un miembro del instituto, y obligar a que los 50 componentes del RIDEA lo sean por elección, y no por asignación de alguna institución externa.
“Es una ley necesaria que hay que actualizar, porque es muy antigua y se precisa acomodar partes de esa ley a la normativa posterior, la que ha ido saliendo desde ese año de 1988 en el que se aprobó”, explica el director del RIDEA, Ramón Rodríguez.
Esta diacronía de la ley del instituto respecto a algunas normas posteriores genera algunos problemas de funcionamiento ordinario que se pretenden subsanar. Es por eso que se habla de la ley que rige el RIDEA se ha quedado “obsoleta”. Pero el instituto quiere incluir en la nueva norma cambios decisivos a la hora de configurar su nómina de miembros.
El primero es la supresión de ese límite máximo de edad, fijado en 75 años. “Es una norma que no existe en otras instituciones de esta naturaleza. No es normal poner una edad límite, y eso es algo que tratamos de subsanar en el proyecto de ley”, señala Rodríguez, que incide en que, con 75 años, aún se está en plenitud de facultades para poder aportar un conocimiento y una actividad valiosos para la institución.
Un total de 21 de los 50 miembros del RIDEA son elegidos por otras entidades
Un vistazo a otra institución de mismo ámbito, como es la Real Academia de la Historia, confirma que esa norma del RIDEA es una singularidad. De hecho, la media de edad de los académicos se sitúa aproximadamente en la frontera de esos 75 años, y hay casos de gran longevidad como el gijonés Luis Suárez Fernández, que permanece como académico con 97 años.
En relación a la elegibilidad de los miembros, el RIDEA pretende que todos sean fruto de un proceso electivo. “Tenemos miembros numerarios nombrados por instituciones, como pueden ser el Principado, la Universidad de Oviedo o la Academia de la Llingua, que tienen la condición de miembros con voz y voto”, señala Rodríguez. Según la ley de 1988, los miembros representantes son 21 de los 50 que forman la institución: cuatro nombrados por la Universidad, dos de los colegios profesionales, siete de la Junta General del Principado, dos del Consejo de Comunidades Asturianas, cinco nombrados por fundaciones privadas, y un miembro de la Academia de la Llingua. “No queremos excluir a los representantes, pero no queremos que tengan capacidad de voto. Esa capacidad solo debe corresponder a los miembros que hayan sido elegidos por votación, y queremos que vuelvan a ser 50, como antes de la modificación de la ley en 1988”, explica Ramón Rodríguez.
El objetivo del RIDEA es que la ley que rige su funcionamiento se apruebe, con estas modificaciones, antes de que concluya esta legislatura. De momento, el proceso va por buen camino: el anteproyecto de ley ya está redactado y el proceso de participación pública, que se articula a través de la página web asturiasparticipa.es, ya está en marcha. La ciudadanía tiene hasta el 8 de agosto para aportar ideas.
