Los porcentajes lingüísticos amenazan el pacto sobre el catalán en las aulas

Las negociaciones para alumbrar un pacto que permita encajar la sentencia que obliga a fijar un 25% de clases en castellano en las aulas de Cataluña se complican. ERC, PSC y 'comuns' dejaron vencer su ultimátum a Junts sin consecuencias, intentando agotar los plazos en favor de su vuelta al consenso. Pero a medida que avanzan las conversaciones, el redactado se somete a retoques que, a la vez que atraen a la posconvergencia, repelen a socialistas y morados.

ERC pilota la negociación a dos bandas: por un lado, con Junts -con quien cerró a su vez un decreto ley del Govern- y, por otro, con PSC y 'comuns', los socios parlamentarios que se aferraron al pacto cuando la posconvergencia se descolgó por las quejas de algunos sectores del independentismo. En este momento, según fuentes presentes en la negociación, el principal escollo no está en el formato -una nueva ley de protección del catalán-, sino en el contenido, ya que la posconvergencia presiona para dejar constancia de su rechazo explícito a los porcentajes que fijaron los jueces en las escuelas, en la misma línea del decreto que prepara el Govern. Pero esta referencia choca con el posicionamiento del PSC y los 'comuns', que priorizan un acuerdo sin esta mención para que no entre en conflicto con la sentencia judicial. Varias fuentes ven la maniobra de Junts como una forma de apartar a los otros aliados, especialmente el PSC, por lo que consideran que ERC debe "decidir" y apostar por unos u otros.

Las enmiendas

El texto que se acordó el 24 de marzo -y del que Junts se desdijo ocho horas después-, establece que el catalán es la lengua "normalmente empleada" como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo y que "también es empleado el castellano en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro". Sin embargo, PSC, ERC y 'comuns' acordaron unas enmiendas a este documento que clarifican que los proyectos lingüísticos serán validados por el Departament d’Educació –manteniendo, eso sí, la autonomía de los centros-, que apuntan que el objetivo último es mantener la normalización lingüística y que eliminan el "también" del redactado inicial que hacía referencia a la lengua castellana, aunque seguirá siendo lengua docente y, el catalán, lengua vehicular.

Los tiempos aprietan porque el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) dio hasta el 31 de mayo para ejecutar su interlocutoria. La creación de una nueva ley, si se tramitara por lectura única, podría ser aprobada en el próximo pleno, el del 25 y 26 de mayo, siempre que ningún grupo reclame un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries. La extrema derecha no suele hacerlo, porque no reconoce a este órgano autonómico; Cs por sí solo no tiene suficientes diputados, y la Mesa del Parlament ha adoptado en sus últimas resoluciones por el criterio de invalidar la alianza Cs-PPC porque los populares están en el grupo mixto, así que no cumplen la condición de solicitar un dictamen por dos grupos, aunque no lleguen a los parlamentarios requeridos.

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