J. J. O., de 59 años, detenido el pasado miércoles por el homicidio del empresario boalés Álvaro Rodríguez, declaró ante el juez que se sentía intimidado y amenazado por la víctima. Según la versión del homicida, prejubilado de la central eléctrica de Doiras y vecino de Prelo (Boal), Álvaro Rodríguez le había reclamado que le devolviera entre 6.000 y 9.000 euros que el acusado, autor confeso del crimen, había sustraído en repetidas ocasiones de una caja fuerte que el industrial guardaba en su oficina de la nave de materiales de construcción Casa Fonso que regentaba. Álvaro Rodríguez comprobó que J. J. O. le había robado instalando cámaras ocultas de vídeo en su oficina.

Lo reveló ayer Alberto Rodao, capitán de la Guardia Civil, durante la presentación de los resultados de la investigación enmarcada en la «operación Brezos» -llamada así por la miel de brezo boalesa-, que se ha desarrollado desde noviembre. Los investigadores explicaron que el arma homicida fue una escopeta de dos cañones que el acusado cogió de la casa de un sobrino de su mujer y que cargó con cartuchos viejos de su propiedad. Los agentes también encontraron en el domicilio de J. J. O. una pistola de fogueo que está siendo analizada para comprobar si ha sido modificada.

Según la reconstrucción de los hechos, el presunto homicida salió de su domicilio sobre las seis de la tarde del diez de noviembre. Fue a casa de su sobrino a coger la escopeta y luego caminó por pistas forestales hasta las dependencias de Casa Fonso, en el Alto de la Llaviada. El crimen se cometió sobre las ocho de la tarde, un hora en la que era habitual que Álvaro Rodríguez estuviese aún en la oficina, finalizando el trabajo del día.

El empresario fue localizado muerto por su cuñado en la madrugada del once de noviembre, con dos tiros a bocajarro, ambos mortales. El capitán Rodao llamó la atención sobre la precisión de los disparos, realizadas sin mediar palabra, a pesar de que el acusado, que no cuenta con licencia de armas, había declarado que no había disparado desde el servicio militar.

El robo fue descartado desde un primer momento como móvil, porque el homicida no cogió dinero que había en la oficina y en la cartera de la víctima. Las pesquisas de la Guardia Civil detectaron, sin embargo, la falta de una caja que la empresa utilizaba para guardar dinero para la actividad diaria del negocio. Contenía unos 300 euros en la jornada del crimen. Según las mismas explicaciones, el detenido disparó contra Álvaro Rodríguez, se llevó la caja y más tarde la arrojó al embalse de Arbón, en el río Navia.

Los buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (G. E. A. S.), de la Guardia Civil, lograron recuperar la caja en la cola del embalse de Arbón, el fondo del pantano, a una profundidad de once metros, justo en el lugar en el que el acusado había dicho que la había tirado. Es la misma caja de la que el acusado robó dinero en varias ocasiones, según se comprobó en las grabaciones de las cámaras ocultas instaladas por Rodríguez en su oficina. Cuando el empresario comprobó que se trataba de J. J. O, le reclamó el dinero, aunque no presentó ninguna denuncia en su contra.

Las diferencias entre ambos eran conocidas en la zona, donde si el asesinato del empresario llenó a los vecinos de estupor, también ha sorprendido la detención de un vecino muy conocido, que actualmente vivía con su mujer en Prelo, en la llamada Casa Gil. A diario bajaba a Boal en su moto y era frecuente verle tomando algo en los bares. La esposa se mudó una temporada a casa de su hermana, también en Prelo, poco después de la muerte de Rodríguez. Durante las dos horas que estuvo el pasado miércoles en el Juzgado de Luarca, en medio de fuertes medidas de seguridad, se mantuvo tranquilo y mostró un gran aplomo. El juez decretó prisión sin fianza y comunicada.

Con el ingreso en prisión del acusado acaban tres meses de investigación. Llegar hasta J. J. O. fue posible gracias a las huellas y restos de ADN dejados por el acusado en el escenario del crimen, así como por la prueba de parafina, la que refleja si un arma ha sido disparada, que dio positiva.

Tanto el capitán Rodao como el delegado del Gobierno en Asturias, Antonio Trevín; el coronel jefe de Asturias, José María Feliz y el teniente coronel de Oviedo, Eduardo Martínez, agradecieron la colaboración de los ciudadanos. La Guardia Civil chequeó todas las armas de caza del concejo y realizó numerosos interrogatorios entre los vecinos en las 48 horas siguientes al suceso. «Si se deja pasar más tiempo las declaraciones suelen distorsionarse porque la gente mezcla lo que sabe con lo que ha leído», señaló Rodao.

Desde el principio, los agentes detectaron que el acusado no tenía una coartada clara. Dijo que durante la noche de los hechos había paseado por el monte, pero nadie le vio.

El empresario Álvaro Rodríguez vivía en Valdedo (Villayón) con su mujer y sus dos hijos.