Denunciado por unas posibles vejaciones en el ámbito familiar y por impago de las prestaciones familiares, pero ninguna denuncia por malos tratos. Así lo confirmó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), respondiendo a las declaraciones del consejero de Presidencia del Principado, Guillermo Martínez, que aseguró por la mañana que la exmujer del parricida de San Juan de la Arena, Bárbara Martínez, le había denunciado por malos tratos.

El TSJA señaló que sólo constan en el registro unas diligencias previas por un posible caso de vejaciones leves en el ámbito familiar. Unos hechos por los que la abogada de Martínez solicitó una orden de alejamiento que el Juzgado de Pravia le denegó.

Guillermo Martínez afirmó que la madre de las dos niñas asesinadas a manos de su padre, José Ignacio Bilbao Aizpurúa, había iniciado un proceso judicial contra él por maltrato psicológico. Pero el TSJA señaló que sólo constan unas diligencias previas, iniciadas en el Juzgado de Pravia el 13 de mayo de 2013, a raíz de una denuncia presentada el mismo día en la Guardia Civil de Soto del Barco. Según explica el alto tribunal asturiano, el atestado viene redactado como unas posibles vejaciones leves en el ámbito familiar.

En el atestado figura que Martínez subrayó en su relato que ni ella ni sus hijas habían sufrido alguna agresión física, que sólo habían sido insultos en el transcurso de una discusión muy subida de tono. No presentó parte de lesiones ni declaró que su pareja fuera un hombre de rasgos violentos con ella o con las dos hijas que tenían en común. Lo que sí destacó, es que ese tipo de discusiones se habían convertido en algo habitual en los últimos meses.

Tras presentar la denuncia, el abogado de Martínez solicitó medidas de protección para ella, ya que insistió en que no quería que sus hijas rompieran la relación con su padre. Tras los estudios pertinentes del caso y la valoración del riesgo, el Juzgado de Pravia, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, acordó el sobreseimiento de las diligencias y denegó la orden de alejamiento.

Un mes después, en junio del año pasado, la ex mujer de Bilbao Aizpurúa presentó en el mismo juzgado una demanda civil de medidas paterno-filiales, porque aunque no estaban casados certificó que llevaban más de diez años de convivencia. Este proceso se resolvió en noviembre de 2013, aceptándose la petición de la denunciante de que el padre pudiera ver a las menores los martes y jueves de 6 a 8 de la tarde.

Además, tras valorar la situación económica de Bilbao, se estableció que éste pagara a la madre 75 euros al mes por la manutención de cada una de sus hijas. En estos momentos se estaba tramitando otra denuncia por posibles impagos por parte del progenitor de las cantidades referidas durante algunos meses.