La Policía Nacional destapó en Asturias un fraude de 362.738,95 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal. Las investigaciones se han saldado con 21 investigados, y han permitido descubrir varios delitos de fraude en cotizaciones y prestaciones, además de falsedad documental.
La "operación Trafalgar" se desarrolló principalmente en el Principado, pero también en las provincias de Alicante, Barcelona, Cáceres, Lugo, Madrid, Las Palmas y Valencia. En su transcurso se recuperaron 84.559,05 euros, que fueron ingresados en la Tesorería General de la Seguridad Social.
El presunto autor principal de los delitos fue detenido en Oviedo horas antes de coger un vuelo a Miami (Estados Unidos), donde pensaba establecer su residencia.
Las primeras indagaciones se iniciaron al ser detectada una empresa de Oviedo que, hasta el año 2013, se dedicaba a la distribución nacional e internacional de alimentos y bebidas y que tenía una deuda de 124.000 euros con la Seguridad Social al no abonar las cuotas de sus trabajadores.
El inicio de los impagos coincidió con la venta de la sociedad a un empresario cubano, quien le cambió el sentido de su objeto social para dedicarse, supuestamente, a las reformas y la construcción, trasladando su actividad a la localidad de Ribadeo (Lugo). Según la Policía, con el fin de ocultar su verdadera dirección, puso al frente de la misma a su padre como testaferro.
Los investigadores alertaron a la Inspección de Trabajo de Asturias de que otras empresas cuyo administrador era el mismo que el de la investigada cumplían con patrones similares respecto a la generación de deuda y su falta de actividad. Además contrataban a un gran volumen de ciudadanos de origen extranjero, una pauta de actuación que suelen seguir las empresas "ficticias".
Esas sociedades no tenían un objeto social común, no constaban realizados por ella, y carecían de facturas, clientes y proveedores desde finales de 2012, por lo que procedieron de oficio a anular las altas de 34 trabajadores, en su mayoría de origen cubano. Esos trabajadores obtuvieron de forma irregular permisos de residencia y el cobro de prestaciones de desempleo.
La deuda a la Seguridad Social generada por las empresas ficticias fue de 155.612,95 euros, y el fraude al Servicio Público de Empleo ascendió a 83.096,20 euros, según las cuentas de los investigadores.
