Quince años de prisión y diez de libertad vigilada. Esa es la pena que pide la Fiscalía de Área de Gijón para Javier Ledo, el acusado de matar a la gijonesa Paz Fernández Borrego en Navia en 2018 y arrojar su cadáver al arroyo de La Pontiga. El juicio oral se celebrará ante un Tribunal del Jurado el 14 de septiembre, a las 9.30 horas, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado mantuvo una relación sin convivencia con Paz Fernández Borrego, nacida en 1974, con domicilio en Gijón. Que el 13 de febrero de 2018, ella viajó en su vehículo a la localidad de Navia, donde llegó sobre las 12.00 horas, alojándose en una pensión de la calle San Francisco. Sobre las 13.00, y siempre según el relato del Ministerio Público, el acusado y la mujer se encontraron en el bar de la pensión, sabiendo él que ella se iba a alojar en este lugar pues en días anteriores habían estado intercambiándose mensajes a través de WhatsApp. Este viaje de Paz Fernández a Navia también lo conocía una expareja de la víctima, quien había mantenido una relación sentimental con ella hasta el año 2016 y con el que la mujer pretendía verse el siguiente 14 de febrero.

Durante la tarde del día 13, el acusado y Paz Fernández coincidieron en el bar Cantábrico, donde el acusado la invitó a cenar en su casa, aceptando ella esa invitación. Durante toda la tarde, a su vez, la víctima estuvo intercambiando mensajes de WhatsApp con el ya citado ex.

Paz Fernández llegó al domicilio de Javier Ledo sobre las 22.15 y estuvieron cenando hasta aproximadamente las 23.15 en la cocina, situada en la primera planta de la casa. Sobre las 23.20, tras terminar de cenar y mientras ambos estaban en la cocina, Fernández recibió en su teléfono móvil un mensaje de su ex, tras lo que se inició una acalorada discusión entre el acusado y la mujer. Javier Ledo, movido por los celos y recriminando a la víctima que se hubiera quedado con parte de dinero que el acusado guardaba en un cajón, cogió un rodillo de cocina envuelto en una bolsa y golpeó con fuerza a la mujer en los brazos y en la parte izquierda de la cara, provocándole la fractura de la clavícula izquierda.Tras recibir estos golpes, Fernández intentó huir, pero el acusado, muy alterado y con evidente intención de acabar con su vida, cogió una piedra de grandes dimensiones que estaba apoyada en la escalera que bajaba desde la primera planta y golpeó con ella con fuerza y repetidamente en la cabeza

a la mujer, causándole un traumatismo cráneoencefálico severo con afectación de centros cerebrales superiores incompatibles con la vida, lo que determinó su muerte.

Al darse cuenta de que la había matado, el acusado decidió deshacerse del cadáver. Para ello, lo envolvió en una manta, le cubrió la cabeza con unas bolsas y lo introdujo en el coche de Paz Fernández. Posteriormente condujo varios kilómetros por la AS-25 (Navia-Villayón) hasta llegar a Arbón, donde a la altura aproximadamente del punto kilométrico 12,500 y desde el puente que hay en ese lugar, arrojó el cadáver al arroyo de La Pontiga. Unos metros más adelante arrojó su bolso al río. Entonces, el acusado, a bordo del coche, regresó hacia Navia, si bien finalmente dejó el vehículo estacionado en El Espín y se fue caminando hasta su casa.

El cadáver de Fernández fue localizado el 6 de marzo de 2018 en un margen del embalse de Arbón. El cuerpo presentaba múltiples fracturas a nivel craneal, así como fractura de clavícula izquierda.

Fernández tenía como parientes más próximos a un hijo, nacido en 1993, y a una hija, nacida en 2014. Tenía también a su madre y a dos hermanas.

El acusado fue detenido el día 9 de marzo y puesto en prisión provisional.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio con los agravantes de abuso de superioridad y la de desprecio de género. Por ello, solicita que se condene al acusado a 15 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, abono de las costas procesales y libertad vigilada durante 10 años. También una orden de alejamiento sobre la familia de la víctima, a los que deberá indemnizar con 260.000 euros.