La magistrada que instruye el asesinato del concejal llanisco de IU Javier Ardines ha requerido hace unos días al ministerio público y a la acusación particular, que ejerce la familia de la víctima -bajo la dirección letrada de Antonio Pineda-, para que insten, si lo consideran oportuno, la apertura de juicio oral y presenten sus escritos de acusación, que podrían estar en el Juzgado de Llanes el lunes o el martes que viene. Presumiblemente, la Fiscalía pedirá un mínimo de 25 años de prisión por un delito de asesinato para cada uno de los cuatro implicados: el presunto inductor del crimen, el vizcaíno Pedro Luis Nieva; el presunto intermediario y colaborador necesario, Jesús Muguruza, y los presuntos coautores del crimen, Maamar Kelii -defendido por Fernando Barutell- y Djilali Benatia. La acusación particular puede que eleve aún más esas penas que se supone solicitará el ministerio público.
El requerimiento del Juzgado de Llanes llega después de que se haya producido el último trámite de la instrucción. El letrado de Pedro Luis Nieva había requerido que se tomase declaración a un policía local de Llanes que afirmó en un programa de televisión que podría haber otros motivos del crimen distintos de los apuntados por los investigadores. El agente afirmó que un testigo había asegurado que escuchó al concejal diciendo el día del crimen: "Esto lo podemos arreglar sin llegar a las manos", una frase enigmática a la que Nieva se agarra para insistir en que no tiene que ver con el asesinato. La jueza de Llanes rechazó esta declaración y ahora ha sido la Audiencia la que ha denegado la práctica de una prueba que, por otro lado, puede plantearse en el curso del juicio oral.
