Hasta 3 investigados por la tasación inflada del palacio de Llanes para liberar a Biosca

El caso de Javier Biosca, el mayor estafador con criptomonedas de España –se le atribuye un esquema piramidal con un fraude de más de 800 millones–, y que se suicidó el pasado día 22 en Estepona, tras arrojarse al vació desde un hotel, sigue salpicando a Asturias. El pasado verano, un fiador presentó como aval para su puesta en libertad el ruinoso palacio Mendoza-Cortina de Pendueles, en Llanes, indicando que estaba valorado en 2,4 millones. En realidad, el valor del inmueble es muy inferior. El fiador es conocido en Pendueles como propietario del palacio, al menos hasta hace una semana, ya que habría sido vendido a un grupo de inversores para hacer un hotel, según indican varios vecinos.

Tanto el fiador como el firmante de la tasación, un arquitecto radicado en Madrid, están siendo investigados por inflar supuestamente el precio del palacio para facilitar la salida de la cárcel de Biosca, para que el que se reclamaba una fianza de un millón de euros. La maniobra no coló, aunque el "criptobróker" pudo salir de todos modos de prisión tras depositar la cantidad marcada por el juez.

Del fiador, nada se sabe. Tendría que haberse presentado en el Juzgado como investigado delitos de falsedad en procedimiento judicial y obstrucción a la Justicia. En Pendueles hace bastante tiempo que no le ven, aunque, según indican, "es bastante normal", porque tiene negocios en Bilbao o La Coruña, pero también en África.

También está siendo investigado otro empresario L. M. P., que según la plataforma de afectados del criptoestafador, se puso en contacto con el fiador y el arquitecto para presentar el ruinoso palacete como aval. A Biosca le terminó pagando la fianza la sociedad Strong Project, registrada en Sevilla en 2011 y dedicada a la explotación de servicios hoteleros, hosteleros y discotecas.

Aunque la cuantía presuntamente defraudada por Algorithms Group, la empresa de Javier Biosca, está por determinar, a través de las acusaciones particulares los perjudicados a los que representa la abogada Emilia Zaballos –ella misma afectada– reclaman 818,5 millones de euros a esta sociedad. Los delitos que se imputan ahora la esposa y al hijo de Biosca son estafa, intrusismo, blanqueo, delitos societarios, apropiación indebida y asociación ilícita, tras captar clientes con la promesa de rentabilidades de hasta el 25 por ciento semanal. De acuerdo con las acusaciones, a principios de 2020, Biosca y su familia comenzaron a dejar de pagar a la mayor parte de los inversores, algunos de los cuales son, a su vez, plataformas de inversión en bitcoins atraídas por los altísimos intereses.

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