Hace mucho tiempo que suenan campanas sobre la insostenibilidad de nuestras pensiones. De hecho, nuestro sistema público de pensiones está en una permanente deconstrucción, al igual que viene ocurriendo con la mayor parte de los sistemas europeos, de acuerdo con el discurso corsario del Banco Mundial para el abordaje a los sistemas públicos de pensiones, asumidos por la Unión Europea a través de su producto panaeuropeo de pensiones individuales (PEPP), aprobado por el Parlamento Europeo, el 4 de abril de 2019.
Un plan de pensiones de ahorro con muy escasas posibilidades para su rescate, por no decir nulas, que no es más que una "colecta" del capital que, al grito corsario del neoliberalismo viene a decir algo así como: ¡Ahorradores, prestadle dinero al capital, necesita liquidez!
Las sucesivas reformas perpetradas por los gobiernos del bipartidismo PP-SOE durante los últimos 35 años nos han abocado a un futuro de pensiones precarias y pensionistas empobrecidos donde, según estimaciones de la propia Comisión Europea, en 2030 un ciudadano con un salario de 1.000 euros recibirá una pensión de 600 euros, y en 2050 será tan solo de 465 euros. Por lo tanto, el problema no es si las pensiones se podrán pagar el mes que viene: el problema es que las pensiones públicas del futuro, caso de seguir existiendo, no van a permitir una vida digna después de muchos años de trabajo.
Desde mi punto de vista, el problema de la sostenibilidad del sistema público de pensiones siempre se ha venido planteando de la peor forma posible, tratándolo como un problema técnico cuando, en realidad, se trata de un problema político. Se trata de querer enmarcar como una cuestión de insuficiencia de medio, cuando el verdadero quid de la cuestión es la distribución de la renta. Se pretende con ello que creamos que la sostenibilidad del sistema público de pensiones depende de "cuántos son los que producen" cuando la variable importante es "cuánto se produce".
Es decir, para financiar las pensiones lo que importa es la riqueza que un colectivo produce, más allá de cuántos trabajadores lo producen. Por eso resulta más que vergonzoso que un tema de economía tan elemental se utilice tan superficial y erróneamente. Se olvidan esos economistas al servicio del IV Reich que, con el cambio tecnológico, cada trabajador está produciendo mucho más que antes, está incrementando la productividad, por lo que no debe importar tanto el número de trabajadores, sino la riqueza que producen. Hace cincuenta años el 30 por ciento de la población activa trabajaba en la agricultura; hoy únicamente lo hace el 4,5%, pero ese 4,5% produce más que el 30% anterior.
Por lo tanto, habrá que ir pensando en la necesaria cotización de las máquinas. Dado que una de las principales causas del desempleo reside en el fenómeno de acumulación de capital en forma de máquinas muy competitivas, éstas deberían ser gravadas con un impuesto específico destinado, entre otros, al pago de las pensiones de la Seguridad Social. Si a ello sumamos las nefastas reformas laborales, que han precarizado el empleo, tanto la del PSOE de 2010 como la del PP de 2012, otorgando más poder a los empresarios en perjuicio de los trabajadores, esto nos ha llevado a unos salarios reales menores y, con ello, a una mayor dificultad para cotizar.
Además, si el dinero de nuestras pensiones -el dinero de los trabajadores- se hubiese destinado exclusivamente al fondo de las pensiones, ahora mismo ese fondo tendría medio billón de euros, sin olvidarse, claro está, de que en España se defraudan todos los años 90.000 millones de euros, que equivalen al 8,6% del PIB, de los cuales, según los inspectores de Hacienda (Ghesta), el 72 % de ese fraude lo tienen los grandes empresarios de este país. Por lo tanto, el sistema de pensiones es sostenible. Los que no son sostenibles son los corsarios del neoliberalismo gubernamental al abordaje del Estado del Bienestar.
Que nadie trate de seguir engañándonos, haciéndonos pensar que la UE es algo así como la tómbola de Cáritas por Navidad. Que nadie nos siga vendiendo tales y cuales hechos como pasos de gigante hacia esa constitución de los Estados Unidos de Europa.
La Unión Monetaria ha nacido perniquebrada en el Tratado de Maastricht, sin integración fiscal y con medios redistributivos totalmente insuficientes. Desde entonces hay quien pretende convencernos de que después de la moneda única se produciría la unificación de todos los otros aspectos, especialmente los presupuestarios, que compensen las desigualdades y los desequilibrios creados por el mercado único y la unión financiera y monetaria. Lo cierto es que, en treinta años y digan lo que digan, no se ha producido ni un solo avance en la materia, de tal manera que los países del norte no ceden ni un ápice, entre otras cuestiones, porque nada se les exigió en el momento de constituirse la Unión Monetaria.
En esta ocasión pandémica que nos ha tocado vivir a todos, Austria, Holanda, Suecia y Dinamarca se han posicionado ya en contra. Como viene siendo norma, Alemania seguirá jugando al poli bueno con Holanda haciendo de poli malo, de tal manera que no serán los hombres vestidos de negro los encargados de intervenir nuestro país, porque vendrán vestidos de gris marengo.
