Al gobierno local no le queda otra que revisar el cobro de parte de las plusvalías o, cuando menos, explicar a la ciudadanía por qué está dispuesto a mantener el supuesto de esta figura tributaria que obliga a pagar a quienes, en román paladino, venden un piso por debajo de su valor de mercado. De lo contrario, estará haciendo oídos sordos a lo que fallan los jueces, una posición insostenible, más aún para una Administración pública. El Ayuntamiento corre además el riesgo de verse abocado a una catarata de sentencias en contra, como la publicada ayer por este diario, con la consiguiente merma para las arcas municipales por el coste de las devoluciones. Y sus servicios jurídicos estarán sometidos a una carga que podría derivar en ineficacia. Si tuvo poco sentido abogar por este impuesto en noviembre, tras haberlo declarado confiscatorio el Constitucional, menos lo tiene ahora reincidir en su defensa. Decir que se anda a la espera de una reforma estatal de la normativa no parece ya la solución.
