La antigua ley permitía la incapacitación jurídica de las personas con discapacidad intelectual, mediante la cual se les asignaba un tutor legal para tomar todas sus decisiones sin importar la gravedad de la discapacidad. Con esta reforma, el Estado elimina la figura de tutor legal. Ahora, la capacidad jurídica se determinará individualmente por un juez, según la condición de cada persona. El juez deberá especificar en qué aspectos necesita asistencia y en ningún caso se podrá incluir la mera prohibición de los derechos. Hablamos con María Luisa Vega, una ovetense de 46 años con síndrome de Down y con la abogada María Villanueva. "Es un avance muy importante", aseguran.
