«Nos pagaron el autobús»

«Nos pagan el autobús para salir del País Vasco, pero sólo si queremos marcharnos», aseguró ayer uno de los internos del centro materno infantil de Oviedo, en plena polémica por los traslados de inmigrantes menores de edad desde la comunidad vasca a otras regiones, como Asturias. Mohamed, de 17 años, que estuvo refugiado en Bilbao hace un tiempo, indicó que los dos centros de acogida del País Vasco «están llenos de chicos», pero en ningún caso los han obligado a marcharse a otras regiones.

Lo que ocurre, según indicó, es que los chavales cambian mucho de centro. «Si un chico que conoces te dice que tal centro está mejor, pues te vas a él», señaló este menor marroquí. De las palabras de este adolescente se desprende que no hay coacciones para abandonar los centros de acogida vascos, pese a que la Diputación Foral de Vizcaya reconoce que no les cabe un chico más. Estos centros, como los del resto del territorio nacional, tienen un régimen abierto, sin que se fuerce a los menores a permanecer en ellos contra su voluntad. Mohamed indicó que el trato en los centros vascos es similar al de otros en los que ha estado.

Las palabras de este menor corroboran parcialmente la opinión que de esta situación, investigada por la fiscalía, tiene la Consejería de Bienestar Social. Un portavoz de la misma consideró «poco fiables» las denuncias de los menores, realizadas las más de las veces en Comisaría, al llegar a la región.

Este mismo portavoz indicó que es normal que la fiscalía investigue esta circunstancia, ante la posibilidad de que se haya vulnerado la tutela efectiva sobre estos adolescentes, pero consideró poco probable que se haya dictado una directiva a los centros vascos para forzar la marcha de los inmigrantes menores de edad en determinadas situaciones.

La Consejería sostiene que las afirmaciones de los menores pueden responder a las especiales circunstancias en que llegan a otras regiones, tras huir en ocasiones de los centros que los tenían acogidos, a veces tras cometer algún acto delictivo.

Para este departamento del Gobierno regional, es fácil para estos menores desplazarse a otras regiones, dado el régimen abierto de los centros, la paga -no obstante pequeña- de la que disponen, que puede permitirles ahorrar algún dinero, y las ayudas económicas puntuales que puedan recibir de algún cuidador con el que les una cierta relación de amistad.

Según Bienestar Social, es poco factible que los centros del País Vasco se dediquen a echar a estos menores a otras regiones, puesto que, al cabo de un tiempo, podrían encontrarse con una actitud similar por parte de otras comunidades autónomas. Lo que sí indicó este portavoz es que los servicios que acogen a estos menores en Asturias no facilitan su salida a otras regiones.

Tras conocerse la investigación abierta por la fiscalía de menores de Bilbao, a instancias de la de Asturias, el Gobierno del Principado expresó su rechazo por esta práctica denunciada por los menores -negada categóricamente por Vizcaya- e indicó, a través de su portavoz, la consejera Ana Rosa Migoya, sentirse «preocupado». Migoya instó además al Gobierno vasco a actuar con responsabilidad y a cortar los viajes de inmigrantes menores de edad e indocumentados.

Los grupos de PP y PSOE en las Juntas Generales de Vizcaya exigirán a la Diputación que aclare si se han enviado menores extranjeros a Asturias. El PP reclamó que se despejen las dudas sobre esta «grave acusación», sobre todo porque hace poco tiempo la Diputación vizcaína «acusó» de hechos similares a la Comunidad de Madrid.