Oviedo, I. R.

Oviedo, Idoya RONZÓN

Cuando cumplió 1os 18 años el trastorno se hizo evidente. Se fue al Ejército pero fracasó, porque «no sabía manejar su vida», explica su madre, que prefiere mantener en el anonimato su identidad y la de su hijo. La situación se agravó en 2005: «Fue cayendo y cayendo, hasta que acabó en la cárcel». El joven tiene ahora 25 años y cumple condena en Villabona por agredir a su novia y saltarse la orden de alejamiento dictada en la sentencia. En total, un año y medio de prisión. El próximo mes de julio saldrá en libertad, aunque tiene pendientes dos denuncias por enfrentarse violentamente a sus padres. Destrozó su casa. No tuvieron más remedio que llamar a la Guardia Civil. Ha amenazado directamente a su madre y a su ex pareja; pero, a pesar del miedo que se deduce de las palabras de la mujer, de su boca no sale ni un solo desprecio. «Es un enfermo», repite.

Alfredo (nombre ficticio) está diagnosticado de un trastorno de la personalidad que le provoca brotes de agresividad, que logra controlar gracias a la medicación. El problema es que en Villabona, aunque cuenta con la presencia de psiquiatras del Sespa gracias a un convenio con el Principado, es legalmente imposible obligar a los presos a ingerir las pastillas pautadas. Alfredo se encuentra ahora en el módulo de aislamiento -destinado a internos peligrosos o conflictivos, con patios enrejados hasta por el techo- como «castigo» a su conducta. El equipo de la unidad terapéutica y educativa (UTE) de la cárcel, el «otro lado» de la prisión, donde se trabaja en grupo por la reinserción de los presos, ha aceptado que Alfredo ingrese en uno de los cuatro módulos con los que cuenta, y trabajar con él, siempre y cuando tome la medicación. Es la pescadilla que se muerde la cola.

Amparada por la Asociación de Familiares de Presos de la UTE, la mujer no se resigna. Se ha reunido con el fiscal superior del Principado, Gerardo Herrero, y, ayer mismo, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Ignacio Vidau. Pretende que el Juzgado de vigilancia penitenciaria dicte un auto por el que se obligue a su hijo a ingerir diariamente la medicación. «No se puede esperar a que haya otro caso dramático para actuar», como el niño degollado en Gijón por un esquizofrénico o como el ocurrido la semana pasada en Santomera (Murcia), donde un enfermo mental decapitó a su madre y paseó por todo el pueblo con la cabeza debajo del brazo. «Él no quiere tomar la medicación porque no asume la enfermedad que padece. El trastorno que sufre lo vuelve agresivo, no admite ninguna disciplina. Toda su ansiedad, su angustia y su tristeza las canaliza de ese modo. Es un peligro», afirma. Pero no fue siempre así. Hace un año, ya en Villabona, las cosas llegaron a ser distintas. «Tomaba su medicación, hacía deporte, se matriculó para volver a estudiar... era una persona normal». Gerardo Herrero confirmó ayer que informará al Juzgado de la situación, apoyando a la mujer. «El problema vendrá cuando se produzca la salida de la cárcel».

«Me quedo asustada con lo que ocurre», continúa. «Todo el mundo asume que hay un problema con este tipo de enfermos pero nadie hace nada para ponerles freno. Si él no quiere tratarse, dicen, no puede hacerse nada». Y es que su hijo ya estuvo internado en alguna ocasión en Avilés en dos clínicas privadas, fuera del Principado... «Ni siquiera sé qué medicación toma o debería tomar porque es mayor de edad y no se me informa. Y dentro de menos de tres meses saldrá de la cárcel con más agresividad de la que entró. No se puede utilizar la cárcel como un psiquiátrico, ni esperar a que el enfermo se convierta en delincuente para actuar».

Su lucha no finaliza en la medicación. «Es necesario que exista una psicoterapia, para que el enfermo aprenda a vivir con su enfermedad, la asuma como tal y pueda reconocer cuándo se va a agudizar». La conversación la sigue uno de los responsables de la Asociación de Familiares de Presos de la UTE: «Necesitamos un recurso externo para que, en el momento en que sea posible, se derive a este tipo de internos, como ocurre en el caso de los presos con problemas de drogadicción con programas como Proyecto Hombre», apunta. «Y lo pedimos ya. En este caso se trata de una persona que va a salir de la cárcel en julio y no sabemos cómo va a reaccionar. Es así de crudo».

La madre de Alfredo asiente con la cabeza. «Tuve que denunciarlo para que pudieran actuar con él. ¿Es o no es una locura?».