Una pareja muymal divorciada

l La gestión de los servicios sociales agranda la brecha entre PSOE e IU l Los socialistas desvelan el convenio en el que la coalición cedió la gestión del centro geriátrico de Sotrondio a Sedes

25.04.2008 | 00:00
Pilar Rodríguez se dirige a Noemí Martín, sentada, de espaldas, junto a Jesús Iglesias, coordinador general de IU, ayer en el Pleno de la Junta General.
Pilar Rodríguez se dirige a Noemí Martín, sentada, de espaldas, junto a Jesús Iglesias, coordinador general de IU, ayer en el Pleno de la Junta General.

Marián MARTÍNEZOviedo,El Pleno de la Junta General fue testigo ayer del tormentoso divorcio entre el Partido Socialista (PSOE) e Izquierda Unida (IU). Las discusiones no se deben sólo a la cuestión económica ni a la política de vivienda. Ahora también vienen por el modelo de gestión de los servicios sociales. El detonante fue la gestión del centro para la tercera edad de Sotrondio, que IU reclama que sea pública. La sorpresa saltó cuando la ahora consejera de Servicios Sociales, Pilar Rodríguez, replicó que la gestión será privada porque el Principado debe cumplir el convenio firmado por su antecesora, Laura González, de IU, con la constructora Sedes meses antes de que finalizara el Gobierno de coalición de la anterior legislatura.Inmaculada González, diputada del PP, resumió ayer en el Pleno la situación entre los dos partidos de izquierda, antaño matrimonio: «Cuando ustedes se divorciaron no firmaron un buen convenio regulador y ahora vamos a tener que asistir a estos numeritos durante toda la legislatura».La diputada de IU, Noemí Martín, acusó a los socialistas de intentar cambiar el modelo de Servicios Sociales para privatizarlo. El ejemplo más palpable y evidente es, afirmó, que el PSOE pretende ceder la gestión de la nueva residencia de ancianos de Sotrondio (San Martín del Rey Aurelio) a una empresa privada, en lugar de dejarla en manos del ente público ERA.La consejera del ramo, Pilar Rodríguez, fue inicialmente explicativa y negó que el Gobierno socialista opte por la privatización de los servicios sociales. Relató los distintos modelos de gestión pública que se pueden dar, así como el modelo mixto de la provisión de servicios. Aseguró que el Ejecutivo regional mantendrá el sistema público y que además incrementará las exigencias en los concursos para la concesión de servicios y las medidas de control y de calidad directamente sobre los centros y el empleo de calidad de sus trabajadores. Pilar Rodríguez concluyó afirmando que «la calidad del servicio no depende de que sea público o privado. Pero nosotros vamos a mantener el modelo que tenemos e intensificar el control de calidad y gestión».Pero para la diputada de IU, Noemí Martín, no fue suficiente y en el segundo turno cargó contra la consejera de Servicios Sociales. «Acaba de rematarla», dijo, antes de afirmar que en la gestión privada las empresas deben obtener beneficios, y eso se consigue reduciendo costes a base de dar mala calidad en el servicio y malas condiciones laborales y salariales para sus trabajadores.Y se ciñó entonces al centro de la tercera edad de Sotrondio. «El problema para que la gestión no sea pública no somos IU ni la prórroga presupuestaria, es que se acepta algo que la izquierda rechaza, que es abrir la puerta a la privatización de servicios públicos, y lo mismo que se abre ahora en los servicios sociales se puede abrir a otros».La consejera de Servicios Sociales replicó: «No hay novedad en lo que está haciendo el Principado, excepto que se incrementa la apuesta por la calidad». Acusó a IU de utilizar un «discurso demagógico para culpar al Gobierno de algo que ustedes iniciaron, aunque nosotros no vamos a adjudicar a dedo, sino a utilizar los concursos públicos».Poco a poco se fue animando y subiendo el tono de sus acusaciones: «Tratan de boicotear cualquier iniciativa del Gobierno y no es ético ni leal que creen alarma social con todo». Pero dejó la sorpresa para el final, cuando mostró un convenio firmado por Laura González el 9 de febrero de 2007, tres meses antes de las autonómicas, en el que comprometía la cesión de dicha gestión a Sedes.

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