Oviedo, J. A. A.

Asturias afronta el inicio de las negociaciones sobre el cambio del modelo de financiación autonómica con el consenso de sus tres fuerzas políticas parlamentarias. PSOE, PP e IU acordaron ayer los criterios básicos para Asturias en el seno de la ponencia para la reforma del Estatuto. El acuerdo adquiere, si cabe, mayor resonancia al producirse en vísperas de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, previsiblemente planteará a todos los consejeros de Economía de España, el asturiano Jaime Rabanal incluido, el marco y los plazos para una negociación llamada a renovar el sistema actual, vigente desde 2002.

Los ponentes del PSOE, PP e IU para la reforma del Estatuto acordaron ayer los criterios básicos que recogerá el nuevo documento en materia de financiación. La ponderación adecuada de la orografía, el envejecimiento y la estructura territorial, con un gran número de municipios, y la intensidad en el uso de servicios públicos como, por ejemplo, la sanidad serán las cuestiones de referencia para Asturias ante la revisión del modelo de financiación para todas las autonomías. Ese acuerdo, en las cuestiones básicas, no quita que en próximas reuniones de la ponencia los tres grupos parlamentarios puedan plantear nuevos criterios.

La posición única sobre financiación autonómica tiene gran importancia porque se trata del primer acuerdo por unanimidad desde que comenzaron las reuniones para revisar el Estatuto. Y se produce 48 horas antes de que el presidente del Principado se reúna con sus homólogos del PSOE y con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la Moncloa, mañana, miércoles. Álvarez Areces reiteró ayer que «defenderá los intereses de Asturias ante todo», discrepó del planteamiento de Cataluña «de que en la revisión del sistema influyan las balanzas fiscales» e invocó los criterios de la orografía y el envejecimiento poblacional, claves en el gasto de los servicios sociales y la sanidad, y añadió que no aceptará la denominada «nivelación parcial».

- Defensa de la competencia; defensa del consumidor y el usuario, nuevas tecnologías de la información, complementos a sistemas no contributivos de protección social, acogida e integración de inmigrantes, publicidad institucional y seguridad privada.

- Tendrán artículo propio el derecho consuetudinario, medios de comunicación social, educación, sanidad y seguridad pública, entre otras.

El listado de competencias se aprobará en 15 días.