Marián MARTÍNEZ

Oviedo,

El Gobierno regional reconoció ayer que unos 400 trabajadores, la mayoría de Sanidad, recibieron en 2003 y 2004 «pagos indebidos o incorrectos», que achacó a errores de cálculo. El Ejecutivo admitió este hecho a raíz de una denuncia del PP basada en las auditorías de esos ejercicios. Los socialistas advirtieron de que no se puede exigir a los trabajadores el reintegro inmediato porque, según la ley, las circunstancias son muy diversas y cada caso requiere una atención diferente.

El PP ganó otra votación que le llenó de satisfacción: logró la reprobación del consejero de Economía, Jaime Rabanal, por no facilitar la información de control financiero y auditorías de 2005, 2006 y 2007. Es el primer consejero reprobado, aunque sólo por un voto de diferencia: se ausentó Francisco Javier García Valledor, diputado de IU, y el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, llegó a la Cámara justo cuando acabó la votación, al ser retrasado en una entrevista en la radio. Faltaban otros dos diputados del PP. El resultado fue de 21 votos a favor de la reprobación y 20 en contra. IU apoyó al PP porque «respaldará cualquier iniciativa que suponga un control mayor de la Cámara al Gobierno» regional.

La diputada del PP Alejandra Cuétara hizo una dura exposición en tono acusador. Afirmó que existen «centenares de pagos ilegales», entre ellos al síndico mayor, Avelino Viejo, que recibió «1.000 euros al mes de más el primer año en el que tenía que fiscalizar las cuentas regionales». Una acusación que el síndico mayor negó a este periódico. Viejo sostiene que ese dinero lo cobró a raíz de una sentencia que abarca a todas las personas a las que se les reconoció la categoría de coordinadores cuando se fusionaron los tres hospitales que dieron lugar al HUCA.

El diputado socialista Álvaro Álvarez acusó al PP de intentar «la explotación mediática», porque «ha tenido acceso a toda la información y se han admitido las irregularidades, que no afectan al síndico, sino a médicos, ATS, celadores, auxiliares, etcétera. Y fue por errores en los cálculos por antigüedad, otros por la jornada y otros por la productividad variable», explicó. También añadió que el Gobierno, al comprobar los defectos, ya dio orden de que se subsanaran y se instaurasen medidas de control para que no se repitan.

Mucho más duro fue tras el Pleno el portavoz socialista, Fernando Lastra, que acusó a Alejandra Cuétara de «infame, difamante, torticera, falsa, tramposa e indigna de representar al Partido Popular», por implicar al síndico mayor «a sabiendas de que no es como ella dice», y culpabilizar a los trabajadores. «Debería disculparse con ellos y con los parlamentarios por su actuación».