Oviedo, Raquel L. MURIAS

Asturias es la segunda comunidad autónoma, por detrás del País Vasco, que menos protege su costa. Así lo denuncia Greenpeace, que ha emitido un informe en el que alerta de las nefastas consecuencias medioambientales que traerá consigo la «permisividad» de los nuevos planes urbanos de los concejos del litoral. Según los cálculos de los ecologistas, se levantarán 60.000 viviendas en la rasa costera y veinte campos de golf más.

Greenpeace asegura que la política del Principado copia el modelo mediterráneo y que a pesar de la aprobación del POLA ( plan de ordenación del litoral que restringe la construcción a menos de 500 metros del mar), «se siguen permitiendo las construcción en la franja protegida».

Según el informe de la ONG, los concejos que más «promueven el urbanismo insostenible son: Tapia de Casariego, Cudillero, Castrillón, Corvera, Gozón, Oviedo, Gijón, Parres, Colunga y Llanes. Los ecologistas también esgrimen que hay veinte focos de contaminación en la rasa, derivados de las empresas del sector lácteo, papelero y metalúrgico. También hacen hincapié en la contaminación derivada de las centrales térmicas y la polución químicas por el lavado de carbones. Greenpeace asegura que la ampliación del puerto de El Musel traerá consigo una importante degradación a la costa que aumentará los niveles de contaminación de la rasa costera. Los ecologista no dan el aprobado a la gestión medioambiental asturiana ni a la urbanística. En su informe repasan las irregularidades que han llegado a los tribunales, en cuestiones de urbanismo. Así destacan la supuesta venta del ex jefe de Urbanismo de Gijón de una finca por la que obtuvo beneficios de 600.000 euros, las modificaciones que se tuvieron que realizar en el PGOU de Llanes por la recalificación de suelo rural y la condena al ex alcalde de Ribadesella, José Miranda, que tuvo que demoler una casa que se levantó en suelo protegido.