Oviedo,

L. GANCEDO

Pasa a la página siguiente

El Gobierno asturiano ha decidido tomar medidas extraordinarias ante el deterioro de las cuentas públicas y recortará partidas de gasto previstas para este mismo año en los Presupuestos por valor de 101 millones de euros (casi 17.000 millones de pesetas), según anunció ayer el consejero de Economía y Hacienda, Jaime Rabanal. El propósito del Ejecutivo es aplicar los fondos ahorrados para garantizar el pago de «obligaciones ineludibles». Entre ellas, revelaron otras fuentes, el abono de las nóminas en la sanidad asturiana.

Este reajuste en las cuentas regionales coincide con un fuerte deterioro de los ingresos del Principado por la crisis económica. El consejero Rabanal anticipó que el impacto de la recesión en el dinero que la Hacienda autonómica obtiene a través de impuestos ha superado las previsiones del Ejecutivo. Tanto que a final de año la merma de ingresos puede ser equivalente a entre el 7 y el 10 por ciento del Presupuesto. Las cuentas de 2009 ascienden a 4.394 millones de euros, de modo que el desfase que estima el Gobierno oscila entre 307 y 439 millones.

En ese contexto, la Consejería de Jaime Rabanal elaboró en las últimas semanas un plan económico de urgencia para evitar que la merma de ingresos comprometa de manera severa el equilibrio contable de la Administración u obligue al Principado a ir a un mayor endeudamiento, no ya para realizar inversiones, sino para sufragar «gasto corriente» (nóminas, costes generales...).

Oficialmente, el departamento de Economía ha justificado la que técnicamente llamó «retención de crédito por importe de 101 millones» como una «medida para mantener el equilibrio presupuestario» ante el deterioro de los ingresos por la crisis. Y Jaime Rabanal habló genéricamente, durante un encuentro con periodistas en la Feria de Gijón, de la necesidad de costear las «obligaciones ineludibles» de la Administración.

Otras fuentes cercanas al Gobierno y conocedoras de la operación precisaron que el plan de ahorro está pensado de manera principal para asegurar el pago de los gastos del Servicio Público de Salud (Sespa) y de manera singular las nóminas del personal sanitario. Según esas mismas fuentes, el Principado decidió apretarse el cinturón, entre otros motivos, ante el riesgo de tener dificultades para pagar los salarios del Sespa a finales de año (principalmente la nómina de diciembre). El Principado quiere además evitar acudir al endeudamiento con los bancos para costear nóminas u otros gastos análogos.

Los Presupuestos de 2009 estimaron el coste total de la sanidad asturiana en 1.500 millones de euros. Esto es, uno de cada tres euros de las cuentas regionales van a sostener el Sespa. El capítulo de personal se lleva unos 750 millones. Las fuentes consultadas ayer no precisaron si a las dificultades económicas generales por la merma de ingresos se une además un aumento del gasto sanitario que haya desbordado los cálculos de la Administración asturiana.

A través del comentado mecanismo de la «retención de crédito», el Principado ha metido tijera en todas las consejerías. Ha estimado unos ahorros de unos 70 millones de euros recortando dinero de partidas de gastos que presumiblemente no iban a alcanzar el cien por ciento de ejecución o restando fondos de otras destinadas a inversiones que, de hecho, no iban a agotar todo el crédito disponible en el Presupuesto. Además, el plan incluye la utilización de la llamada «partida 31» de las cuentas regionales, una especie de cajón de sastre al que van a parar de un ejercicio para otro ahorros conseguidos en los Presupuestos. En total, el Gobierno espera sumar los comentados 101 millones de euros.

«La medida tiene como objetivo mantener el equilibrio presupuestario ante la caída de los ingresos y no pone en peligro ni la prestación ni la calidad de los servicios públicos esenciales ni tampoco las inversiones para el desarrollo económico y social de Asturias», señaló ayer la Consejería de Economía por medio de un comunicado. Y precisó que el ajuste del Presupuesto de 2009 llega después de que en noviembre de 2008 el Gobierno ya impulsó un plan de austeridad que limitó las contrataciones de personal y otros gastos generales.