Oviedo, Luján PALACIOS

En la inmobiliaria de Xurde Rocamundi se vende en castellano. Este asturiano, de padre de La Corredoria (Oviedo) y madre de Villaviciosa, acaba de marcar un hito en Cataluña, la comunidad en la que nació hace 43 años y en la que regenta desde hace once un negocio de compraventa de inmuebles. Ha sido el primer comerciante en negarse a aceptar la aplicación de la ley de Educación Catalana -LEC-, que obliga a que los carteles anunciadores de los negocios figuren «al menos» en catalán.

Es decir, que los comerciantes de esta comunidad cumplen con la ley si sus rótulos están escritos exclusivamente en catalán, o si los carteles principales de sus negocios figuran en esta lengua, mientras que el castellano se reserva para los elementos secundarios. Pero Xurde Rocamundi no está dispuesto ni a lo uno ni a lo otro. «Yo utilizo el castellano exclusivamente y para todos los carteles de la inmobiliaria, porque las dos lenguas son cooficiales», subraya el asturiano.

A lo largo de su trayectoria al frente de la inmobiliaria Global Fincas, en la localidad de Arenys de Mar, cerca de Barcelona, Rocamundi nunca se había topado con problemas por causa de la lengua, a pesar de que la LEC, que regula los usos lingüísticos en el comercio, fue aprobada en 1998. No fue hasta la entrada de Esquerra Republicana en el Gobierno tripartito de Cataluña cuando la normativa se empezó a tomar en serio. Y con ello comenzaron a llegar las primeras denuncias y sanciones a comerciantes que seguían utilizando el castellano en sus establecimientos.

«Me han multado con 1.200 euros, como a muchos otros negocios. Todos ellos han pagado y colocado los carteles en catalán, pero yo me niego a hacerlo, y llegaré hasta donde haga falta», advierte Xurde Rocamundi.

El asturiano considera que la ley es claramente anticonstitucional, porque «las dos lenguas son oficiales, y la Constitución refleja de manera inequívoca el derecho a la libertad de expresión, la igualdad y el hecho de que el castellano es la lengua oficial del Estado». Además, Rocamundi cree que esta ley propicia «un intervencionismo en los negocios», y por ello está dispuesto a «llevar el caso al tribunal de Estrasburgo si es necesario». Él es el primero en plantar cara a la ley, porque «siempre me he entendido bien con todos los clientes, ya sea en castellano o en catalán; el único problema lo tiene la Administración».