El Gobierno ve «insostenible» la sanidad pese a que la nueva financiación prevé más dinero

Oviedo, Marcos PALICIO

Madrid, E. P.

La escalada del gasto sanitario pone en peligro la sostenibilidad del sistema, admite el Gobierno del Principado, aun cuando el modelo de financiación autonómica suscrito hace un mes «pondera mejor que el anterior el envejecimiento de la población» y «beneficia a Asturias» en el reparto de recursos. Por sus declaraciones, el Principado no parece creer que el incremento de las partidas asegure el mantenimiento del sistema sanitario tal y como está ahora.

Sobre los beneficios del nuevo modelo de financiación habla el economista asturiano Ángel de la Fuente, autor de un estudio sobre la distribución de la financiación sanitaria que pone el acento sobre el escaso peso que el método empleado hasta ahora otorgaba al número de ancianos que vive en cada territorio, una de las causas del elevado coste de la sanidad asturiana. El nuevo método de división de la tarta financiera entre las comunidades, aprobado el pasado 15 de julio, recoge parte de los postulados de aquel trabajo, que en una de sus conclusiones establece que la incidencia del envejecimiento, entre otros factores, sobre los costes de la atención sanitaria «se infravalora en la fórmula actual de financiación». Esa deficiencia, según constata el ensayo, perjudicaba específicamente a comunidades que, como Asturias, se resienten de una estructura demográfica con cada vez menos gente joven.

De hecho, en el documento, publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y elaborado por De la Fuente antes de conocerse el nuevo modelo de financiación, Asturias aparece como la segunda región de España en la que más habría aumentado el gasto por persona si se hubiese introducido antes, entre otras, la variable correctora del envejecimiento que ellos proponen y que sí se tiene en cuenta en el nuevo modelo de financiación autonómica. El sistema recién articulado «recoge mejor» las necesidades asturianas, afirma De la Fuente, pero puede que tampoco sea suficiente a la vista de que el Gobierno regional mantiene que el incremento del gasto sanitario crece por encima de los recursos disponibles.

El estudio ensaya una actualización del sistema de reparto de fondos entre comunidades vigente hasta ahora con el propósito de hacerlo más equitativo. Así, en lugar de utilizar la población protegida total y la mayor de 65 años, en términos absolutos, como criterios básicos para valorar la incidencia del envejecimiento en el incremento de los costes sanitarios, como se hacía hasta ahora, se propone el uso de un indicador más sofisticado que repartiría el dinero de la sanidad en proporción a la «población protegida equivalente». Se trata de una magnitud que pondera la población en siete tramos de edad por su nivel relativo de gasto sanitario per cápita. Es esta variable, afirma De la Fuente, la que ha sido utilizada como el principal factor para efectuar el reparto de la financiación sanitaria en el nuevo modelo financiero pactado entre el Gobierno y las comunidades autónomas.

De este modo, se corrigen los errores que se habían apreciado en el modelo anterior a la hora de trasladar los efectos del envejecimiento al reparto del dinero entre autonomías. Y es ésta una tarea fundamental, opinan los autores, porque «la población corregida por su grado de envejecimiento es con enorme diferencia el determinante más importante del gasto sanitario». Tanto que el mantenimiento de la fórmula que se empleaba hasta ahora «podría redundar en diferencias significativas entre regiones en el grado de cobertura de sus necesidades de gasto sanitario».

La edad se contempla pues como el criterio fundamental de reparto, pero hay otros. En el estudio se mencionan condicionantes como la renta disponible, el volumen de costes fijos ligados a la prestación del servicio sanitario o algunos de índole geográfica, como la superficie, la densidad de población o la insularidad. Según las conclusiones, los costes del sistema sanitario son por regla general «mayores en las autonomías con menor población, en los territorios menos densamente poblados y con menores niveles de renta, así como en las comunidades insulares».

Con respecto a la renta disponible, el trabajo precisa que «resulta plausible pensar que el nivel de renta determine el número efectivo de usuarios de la sanidad pública, dado que los hogares con ingresos más elevados tienen una mayor propensión a contratar seguros sanitarios privados».

Asturias, la segunda más perjudicada

El estudio «Sobre el reparto de la financiación sanitaria» compara los recursos para sanidad que reciben las comunidades en el sistema actual con los que deberían haber recibido si se hubiese ponderado mejor el peso del envejecimiento de sus poblaciones. En esta clasificación, Asturias es la segunda región a la que más perjudicaba el modelo antiguo, sólo por detrás de La Rioja.

Las otras peor paradas

Por detrás de Asturias en esa tabla viene Castilla-La Mancha y a muy poca distancia, Cantabria. A continuación, por este orden, Extremadura, Aragón, Galicia, Castilla y León, Baleares, Cataluña y Murcia. Cuatro regiones -Madrid, Canarias, Andalucía y Valencia- saldrían perjudicadas del cambio de modelo.

Asturias y el resto de comunidades autónomas perderán dinero también por la supresión del impuesto de patrimonio. Para compensarlas de la eliminación de ese tributo, el Gobierno tiene previsto transferir a las autonomías 1.800 millones de euros, pero esta cantidad es un 15 por ciento inferior a la última recaudación, correspondiente al ejercicio 2007, que ascendió a 2.121,4 millones de euros, según datos de la Agencia Tributaria. En total, los gobiernos dejarán de percibir en 2009 en torno a 321 millones de euros respecto a lo ingresado en el último año de vida del impuesto.

Según lo previsto en la documentación presentada por el Gobierno en el nuevo modelo de financiación autonómica, todas las comunidades sufrirán esta merma en similar medida.