Oviedo, Luján PALACIOS

Los jueces y magistrados asturianos están llamados a secundar mañana una nueva jornada de huelga convocada en toda España por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). El colectivo judicial mayoritario, también en el caso de Asturias, es el único que secunda este paro, tras las reuniones mantenidas por las distintas asociaciones durante la semana pasada.

En el Principado prestan servicio en la actualidad un total de 143 jueces y magistrados, de los que 60 forman parte de la APM, el colectivo convocante. No obstante, se espera que el respaldo a la protesta se incremente, toda vez que hay bastantes jueces que no forman parte de ningún colectivo.

La Asociación Profesional de la Magistratura considera que de mantenerse la actual situación de precariedad en los juzgados, casi de inmediato se producirá un colapso del sistema judicial. A su juicio, el plan de modernización presentado por el Gobierno sólo servirá para «agravar» los problemas de atasco de la justicia. Del mismo modo, la APM denuncia el intento del Ejecutivo para recortar la independencia de los jueces, como ya hiciera durante la primera huelga de jueces el pasado mes de febrero. Estos son los motivos que han llevado a la asociación a convocar la protesta.

Los colectivos minoritarios han mostrado, por su parte, su rechazo a la movilización, que consideran inoportuna y falta de consenso. El Foro Judicial Independiente, del que forman parte el gijonés Luis Roda o el ex vocal del Poder Judicial Agustín Azparren, considera que la huelga plantea dudas sobre su oportunidad. Además, el colectivo indica que se trata de una huelga planteada unilateralmente por una sola asociación y sin haber sido consensuada con el resto, «cuando lo que determina el éxito de una convocatoria de este tipo es la unidad», según indica Azparren. La Asociación «Francisco de Vitoria» también se ha mostrado contraria, por razones muy parecidas, a la convocatoria de huelga, según indicó días atrás el colectivo en una nota emitida por su directiva. La sección territorial de Jueces para la Democracia también decidió no secundar la huelga, toda vez que sus miembros ven avances en la negociación y, por lo tanto, no estaría justificada una medida tan radical.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió, por su parte, no fijar servicios mínimos de la huelga, ya que la protesta «carece, en el momento actual, de soporte normativo». El CGPJ tampoco fijó los servicios mínimos del paro de febrero, entonces convocado por las asociaciones «Francisco de Vitoria» y Foro Judicial Independiente.

La Asociación de Fiscales (AF) expresó ayer, por su parte, su apoyo a la convocatoria de huelga, y ha invitado a los fiscales «que así lo deseen» a participar en los actos reivindicativos que se convoquen esa jornada. En Asturias, sólo seis fiscales forman parte de la asociación.

La AF, asociación conservadora y mayoritaria en la carrera fiscal, al igual que la APM en la judicial, ve necesario un cambio de actitud por parte del Ministerio que, asegura, «no ha querido mantener una verdadera negociación». Aunque la AF recuerda que siempre ha apostado por el diálogo, explica que el plan para la modernización de la justicia aprobado por el Gobierno «no colma las expectativas» y es preciso «pasar ya de las palabras a los hechos».

Motivos

Este es el segundo paro del año convocado por los jueces al considerar que el Ministerio de Justicia y las administraciones autonómicas con competencias no atienden sus reivindicaciones.

Reclamaciones

Las demandas de la Judicatura pasan por la instauración de la nueva oficina judicial, la implantación en los juzgados de las nuevas tecnologías, el establecimiento de una carga máxima de trabajo razonable que pueda asumir cada juez, la adopción de medidas necesarias para la conciliación de la vida laboral y familiar de los magistrados y una adecuación de las retribuciones que perciben. Los jueces reclaman un incremento presupuestario de un 3,5 por ciento.