Sindicatos docentes rechazan el plan del Principado para ampliar el plus salarial

El Principado acepta ampliar el pago de la carrera profesional a sus funcionarios. El problema es cómo y cuándo. Eso dicen al menos algunos de los sindicatos de la docencia no universitaria, que enconan la negociación y ayer escenificaron en la mesa sectorial de educación sus discrepancias respecto a la nueva fórmula expuesta por el Principado para legalizar el pago de los complementos salariales a los empleados públicos. Discrepan algunas fuerzas sindicales entre sí y todos con el nuevo anteproyecto de ley modificado por la Administración, aunque unos más que otros.

El director general de Función Pública, Daniel Álvarez, puso sobre la mesa un proyecto para extender los pagos a todos los trabajadores que no están cobrando los pluses -unos 2.200 además de los 14.000 que ya cobran-, pero siempre que cumplan el requisito mínimo de antigüedad -cinco años- y acepten expresamente vincular esas percepciones a la evaluación de su trabajo. La respuesta a ese plan reabrió el frente sindical entre las fuerzas que se han distinguido como más recalcitrantes opositoras a los planes de la Administración y las que sólo les pondrían algunos matices.

Los puntos de fricción se localizan en la exigencia del Principado de que los nuevos perceptores de los pluses acepten la evaluación para cobrar y en el carácter retroactivo de los pagos, del que la Administración no quiere ni oír hablar. En esas circunstancias, los que se adhirieron a la carrera seguirán cobrando como lo hacen desde enero de 2007 y los que se quedaron fuera -voluntariamente o porque no cumplían el requisito de antigüedad- entrarían en el proceso de evaluación que conduce al pago a partir del 1 de enero, pero no cobrarían hasta que finalizase esa valoración, un extremo que rechazaron abiertamente todos los sindicatos.

De la oposición más frontal a esta fórmula responde SUATEA, que considera que ligar las retribuciones a la evaluación «carece de base legal» y que no es admisible ninguna alternativa que no extienda el pago a todos los funcionarios con carácter retroactivo desde enero de 2007. Las premisas fundamentales de la organización, afirma Beatriz Quirós, consisten en «acabar con la discriminación salarial» de los que no están cobrando los complementos y obtener, como en otras comunidades -cita a Cantabria y Castilla-La Mancha- «una subida lineal para todos con fecha del 1 de enero de 2007». SUATEA, que lamenta los «nulos avances» tras la reunión de ayer, no descarta la huelga e incluso tiene una manifestación convocada ya para el día 20.

Comisiones Obreras coincide en el rechazo a un anteproyecto de ley «con pocas variaciones», valora Enrique Fernández, secretario general de la Federación de Enseñanza. Su planteamiento «irrenunciable», apunta, consiste en conseguir «que cobre todo el mundo y que aquellos que no han cobrado lo hagan con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2007. Vamos a luchar hasta el final». A los motivos de la Administración para rechazar la retroactividad por una supuesta carencia de sustento jurídico, Fernández opone la certeza de que se trata «claramente de un tema de voluntad política».

Gumersindo Rodríguez, presidente de ANPE, responde de una posición que quiere más posibilista y práctica y que aceptaría, si la retroactividad no se considera viable, que se garantizase el acceso a la carrera de los que no están cobrando «a partir del próximo 1 de junio». ANPE considera que los derechos económicos se generan en el mismo momento en el que el trabajador comienza el plan de evaluación, no cuando finaliza como pretende la Administración, y propuso ante la mesa sectorial la demanda de que el sistema de valoración sea «objetivo» y «no traumático». A su juicio, esto se conseguiría si fuesen los secretarios de los centros educativos quienes acreditasen la consecución de los objetivos evaluables.

UGT, mientras tanto, se desmarca de las críticas al proyecto más que ninguno de los demás sindicatos representados en la mesa sectorial de educación. Indalecio Estrada, secretario de organización de la Federación de Enseñanza, se ve «muy cerca de un acuerdo». Acerca del objeto principal del debate de ayer, la situación de los trabajadores que no están percibiendo los pluses de la carrera profesional, Estrada da por cierto que «invitamos a que se suban al autobús los que quedaron descolgados y los que en su momento no cumplían los requisitos, pero éste no es el eje central de la negociación». Con respecto a la retroactividad de los pagos, apunta que la responsabilidad de que haya trabajadores que no cobran corresponde «a los sindicatos, que en su día convencieron a un diez por ciento de los empleados de que no se inscribiesen». Sobre la ligazón entre evaluación y los pluses, «es obvio que el empleado público debe tener mejoras salariales ligadas a mejoras del servicio. A ver si no cómo explicamos a los ciudadanos que nos van a subir el sueldo del orden de 200 euros al mes sin más».

Los sindicatos quedaron emplazados para una nueva reunión que se celebrará el próximo miércoles y en la que se debatirán las propuestas realizadas ayer.

La oferta del Principado

El Principado ha modificado el borrador de su ley de reconocimiento de la función docente, con la que intenta dar cobertura legal al pago de los pluses hasta que el Gobierno central dé luz verde al Estatuto del Docente. La enmienda introducida establece que «podrán acogerse al primer plan de evaluación de la función docente (...) los funcionarios de carrera (...) con al menos 5 años de antigüedad en el cuerpo a la entrada en vigor de la presente ley -el 1 de enero-. Los derechos económicos y administrativos de la evaluación positiva tendrán efectos del día de su reconocimiento».

Las posturas

-Todos los sindicatos defienden que el pago a los recién incorporados sea efectivo, al menos, el 1 de enero del próximo año. -SUATEA y CC OO defienden que el pago sea retroactivo, de modo que todos cobren los pluses a fecha 1 de enero de 2007, a lo que la Administración responde con reparos legales. -SUATEA rechaza que se liguen las retribuciones al resultado de planes de evaluación. -ANPE pide que sean los secretarios de los centros quienes efectúen la evaluación. -UGT se ve «muy cerca de un acuerdo».