Oviedo, L. Á. VEGA
Las asociaciones de memoria histórica dudan que la ONU vaya a hacer justicia con el policía municipal Melitón Corral Luengo, desaparecido en la Guerra Civil tras ser supuestamente torturado en la finca Pedregal y cuyo caso será estudiado el miércoles que viene por el grupo de trabajo sobre desapariciones forzosas o involuntarias del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Será la primera vez que este grupo estudie el caso de un desaparecido asturiano de la Guerra Civil y que escuche la voz de los familiares de estas víctimas. Pero las entidades que están embarcadas en la recuperación de la memoria histórica sostienen que la ONU suele rechazar los casos anteriores al 24 de octubre de 1945, fecha de su creación.
La Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica ya presentó 64 casos ante el mismo grupo de trabajo sobre desapariciones forzosas o involuntarias en 2002. El presidente de la entidad, Emilio Silva, asegura que «el Gobierno de Aznar hizo mucho trabajo de "diplomacia" en aquel entonces para que la ONU no siguiese adelante, motivo por el que fueron rechazados 62 casos, los anteriores a 1945, y sólo aceptó hacerse cargo de dos, correspondientes a guerrilleros desaparecidos en 1947 y 1949». Uno de ellos fue encontrado, pero el otro continúa incluido en las listas de desaparecidos del grupo.
Sin embargo, «está bien que se presenten esos casos en la ONU, porque ha cambiado la composición del grupo de trabajo y han pasado muchas cosas desde 2002». Entre otras, la recomendación del Comité de Derechos Humanos, que recomienda a España que derogue la ley de Amnistía de 1977 o el «Informe Brincat», aprobado por el Consejo de la Unión Europea, que condenaba la represión franquista. «En nuestra opinión, las desapariciones son delitos permanentes», indicó Silva.
El vicepresidente de la asociación, Santiago Macías, deseó que «se abra una vía para los desaparecidos de la Guerra Civil», aunque se mostró pesimista respecto al caso de Melitón Corral, así como de los represaliados en Sevilla y Almería. «Intentar ya lo intentamos. El de 2002 fue un chasco importante».
Víctor Luis Álvarez, presidente de la Asociación de Memoria Histórica Asturiana, fue menos pesimista. «Es un paso más, aunque seguimos peleando en la montaña, con el Gobierno y los jueces plantados». El problema es que «el Gobierno no ha asumido de verdad la rehabilitación de todas las víctimas», indicó Álvarez.
